Un esfuerzo despiadado por criminalizar la falta de vivienda mientras se atacan las mejores prácticas como Housing First está ganando terreno en las legislaturas estatales de todo el país. Varios estados ya han promulgado leyes en esta línea, incluyendo Texas, Tennessee y Missouri. Otros estados como Arizona y Georgia lograron evitar una legislación perjudicial el año pasado, pero se están introduciendo nuevas propuestas este año.
La Alianza y los proveedores de primera línea en estos estados se han comprometido a escuchar activamente a las personas que experimentan la falta de vivienda y que se verán afectadas. Su opinión es clara: lo que desean y necesitan es una vivienda. También sabemos que muchas de estas comunidades no tienen suficientes viviendas asequibles, viviendas de apoyo permanente, o incluso refugios de emergencia para ellos.
Sin embargo, los proyectos de ley en cuestión no abordan esta necesidad fundamental, dejando a las personas sin un lugar adonde ir.
La mayoría de estos proyectos de ley de criminalización tienen tres características en común: una prohibición estatal de acampar con sanciones penales para las personas sin hogar, una política de campamentos ‘autorizados’ o refugios temporales destinados a concentrar a las personas en lugares designados, y sanciones financieras para las jurisdicciones locales que se nieguen a hacer cumplir la prohibición de acampar.
Aunque estos proyectos de ley tienen mucho en común, varían ligeramente en lo que criminalizarían. En el caso del proyecto de ley de Arizona, el estado obligaría a las jurisdicciones locales a priorizar los refugios temporales y los campamentos autorizados sobre la vivienda permanente. La sanción financiera de Missouri para las jurisdicciones que no tomen medidas enérgicas contra el camping no autorizado incluye la retención de todos los fondos federales para vivienda y personas sin hogar, lo que ha llevado a HUD a notificar al estado que los estatutos y regulaciones federales rigen los fondos federales. La nueva ley de Tennessee es quizás la más cruel de todas, convirtiendo el camping no autorizado en un delito grave de Clase E.
Si no detenemos estos ataques en su origen, es seguro que vendrán legislaciones más severas contra las personas sin hogar.
Cómo surgieron estos proyectos de ley
El Instituto Cicero, con sede en Austin, es la organización detrás de muchos de estos proyectos de ley, y se les está uniendo una creciente red de proponentes afines. El testimonio de Cicero en una audiencia legislativa en Georgia el año pasado presentó dos argumentos para justificar su posición: primero, afirmando que Housing First no funciona; segundo, que las prohibiciones de acampar son necesarias para salvar vidas.
Estas afirmaciones simplemente no son ciertas. Con respecto a Housing First, un análisis exhaustivo de 15 estudios revisados por pares encontró que ‘la vivienda de apoyo permanente […] [fue] eficaz para reducir la falta de vivienda y lograr la estabilidad habitacional’ y ‘la vivienda de apoyo permanente mejoró significativamente la estabilidad habitacional, con poco o ningún efecto negativo en otros resultados sociales y de salud’. En cuanto a las prohibiciones de acampar, las leyes que obligan a las personas a esconderse o moverse de un lugar a otro mientras se arriesgan a ser procesadas penalmente no salvan vidas. Las muertes de personas sin hogar ciertamente están aumentando, pero el aumento de la mortalidad ha sido impulsado por la crisis de opioides, el COVID-19 y un mayor número de personas a nivel nacional que no tienen refugio y están expuestas a los elementos. La solución a la falta de vivienda es la vivienda, no utilizar a la policía para dispersar a las personas fuera de la vista.
Como el Consejo Interagencial de los Estados Unidos sobre las Personas sin Hogar señaló hace unos meses, la criminalización solo empeora la tragedia de la falta de vivienda. El nuevo ALL IN: Plan Estratégico Federal para Prevenir y Erradicar la Falta de Vivienda es igualmente claro sobre el impacto perjudicial de los desalojos de campamentos sin alternativas de vivienda:
Estas políticas de ‘ojos que no ven, corazón que no siente’ pueden llevar a la pérdida de pertenencias e identificación, lo que puede retrasar a las personas en su camino hacia la vivienda; rupturas en la conexión con equipos de alcance, instalaciones de atención médica y proveedores de vivienda; un aumento de las interacciones con el sistema de justicia penal; y una traumatización significativa, todo lo cual puede retrasar a las personas en su camino hacia la vivienda e interrumpir el trabajo de erradicación de la falta de vivienda.
En lugar de prohibiciones de acampar y cargos por delitos graves, la Alianza cree que debemos alzar la voz y refutar estas propuestas enrevesadas. Necesitamos su ayuda. Háganos saber que está con nosotros respaldando esta declaración de principios contra la criminalización de las personas sin hogar. Su apoyo nos permitirá saber que le importa este tema mientras construimos una red nacional de defensores contra estos proyectos de ley.
Es incorrecto dirigirse a las personas que experimentan la falta de vivienda con estas políticas malintencionadas. Debemos ser enfáticos al decirlo. Por favor, respalde hoy la declaración de principios de la Alianza.
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