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Las Acciones Ejecutivas amenazan la seguridad y el trato justo de las personas en riesgo de y actualmente experimentando la falta de hogar. Una orden reciente dirigiendo al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) a llevar a cabo una reglamentación para rescindir la regla de «Acceso Igualitario de Acuerdo con la Identidad de Género de un Individuo en los Programas de Planificación y Desarrollo Comunitario» (Regla de Acceso Igualitario) dificultará el acceso de las personas a refugios y viviendas, forzándolas a vivir en la calle.

La Regla de Acceso Igualitario sigue siendo crucial para garantizar que el acceso a los recursos del HUD siga siendo universal, ya sea para asegurar que una familia con un hijo adolescente no sea separada en un refugio o para proteger el acceso de una persona no binaria que busca recursos vitales.

Para más información, por favor visite: Defendiendo la Regla de Acceso Igualitario

La Alianza sigue profundamente preocupada por el esfuerzo del Departamento de Eficiencia Gubernamental para despedir al menos a la mitad de todos los empleados del HUD, incluyendo una proyección del 84% del personal que trabaja en la Oficina de Planificación y Desarrollo Comunitario (CPD), la oficina responsable de financiar la vivienda y los servicios para personas sin hogar en todo el país. Además, ha habido informes de cierres planificados de hasta 34 oficinas de campo en todo el país.

Si se llevan a cabo a la escala reportada, las reducciones propuestas tendrán un impacto significativo en nuestro trabajo colectivo para resolver la falta de hogar, incluyendo:

1. Causar retrasos significativos en actividades centrales, como la administración de subvenciones, y ralentizar la llegada de recursos vitales a las comunidades.
2. Reducir la cantidad de asistencia técnica proporcionada para apoyar a las comunidades en la administración de programas y abordar desafíos.
3. Reducir la supervisión de los programas y la capacidad del HUD para rastrear y aprovechar los datos para lograr mejores resultados.

El HUD ya ha luchado con una grave escasez de personal durante muchos años. Sin embargo, ahora se le pedirá a una fuerza laboral ya con falta de personal y sobrecargada que haga aún más frente a desafíos en evolución, como el histórico aumento del 18% en la falta de hogar en 2024.

Los recortes de personal en todo el Departamento, y especialmente en la oficina de CPD, sobrecargarán aún más a las comunidades y, en última instancia, aumentarán la falta de hogar.

Aunque no está claro cómo se recortarán los programas de Medicaid, es evidente que reducir el financiamiento de Medicaid en hasta 880 mil millones de dólares causará que millones de estadounidenses pierdan acceso a atención médica y de largo plazo, así como a beneficios especializados como el apoyo a la vivienda.

Hay muchas razones por las que Medicaid es un programa de asistencia pública esencial para las personas que experimentan la falta de hogar:

1. La mayoría de los residentes de Viviendas de Apoyo Permanente dependen de Medicaid.
2. La expansión de Medicaid mejoró el acceso a la cobertura de salud para las personas que experimentan la falta de vivienda.
3. Medicaid desempeña un papel crucial en la atención de la inseguridad habitacional y la falta de vivienda a través de diversas autoridades como las exenciones 1115, las exenciones 1915i y los servicios en lugar de, que pueden cubrir servicios como la tenencia, la navegación de vivienda y la asistencia limitada para el alquiler.
4. En las comunidades rurales, muchas clínicas y otros programas médicos dependen del financiamiento de recursos federales, incluyendo Medicaid, para operar. Los recortes a Medicaid son más perjudiciales para las comunidades rurales debido a estos factores.
5. La reducción de la cobertura para estos servicios esenciales conduciría a un aumento de la inestabilidad habitacional y la situación de calle.

Para obtener más información, sírvase consultar: La reducción de la financiación de Medicaid aumentará la situación de calle

Las amenazas continúan surgiendo y evolucionando, especialmente las políticas que buscan imponer mandatos sin financiación, despojar a las comunidades del control local y castigar a una fuerza laboral de servicios sobrecargada y con falta de personal. Por ejemplo:

1. Varios estados están considerando legislación para crear «Zonas libres de drogas para personas en situación de calle» con el fin de establecer sanciones penales tanto para los proveedores como para las personas, a pesar de que conocemos los peligros de los castigos permanentes en la creación de barreras para resolver la situación de calle.
2. Varios estados han facultado a los individuos para demandar a las localidades por los campamentos, creando cargas financieras en comunidades ya escasas de recursos y obligando a más ciudades a promulgar prohibiciones de acampar severas y contraproducentes.
3. El Centro Nacional de Derecho sobre la Situación de Calle estima que al menos 150 comunidades, a raíz de la decisión de Grants Pass, han adoptado prohibiciones de acampar o nuevas ordenanzas que buscan citar, multar, arrestar y encarcelar a las personas que experimentan la situación de calle sin refugio.

A pesar de los intentos de larga data, pero en rápida evolución, de criminalizar la situación de calle en todo el país, un análisis reciente de la Alianza de casi 100 informes sobre el tema refuerza el hecho de que estas leyes no reducen la situación de calle. En su lugar, agravan la crisis al aumentar los arrestos, crear barreras para acceder a vivienda y servicios, y causar daños duraderos a las personas a las que se dirigen.

Para obtener más información, sírvase visitar la página de recursos sobre criminalización de la Alianza.