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Entendiendo la orden ejecutiva de Trump sobre la falta de vivienda: un retorno a la institucionalización forzada

Written by Andrew Hall

La siguiente publicación forma parte de una serie de blogs que exploran los impactos dañinos de la reciente Orden Ejecutiva del Presidente Trump sobre la falta de vivienda. En cada publicación, el personal de Alliance discutirá un componente de la Orden Ejecutiva y cuáles serán las implicaciones en los servicios para personas sin hogar. Tenga en cuenta que Alliance no puede proporcionar asesoramiento legal y no lo hace. Consulte a un abogado para obtener interpretaciones legales.

Lo que dice la Orden Ejecutiva sobre la institucionalización forzada

La Orden Ejecutiva describe la siguiente información sobre la institucionalización forzada:

“El Fiscal General, en consulta con el Secretario de Salud y Servicios Humanos, tomará las medidas apropiadas para:

  1. buscar, en los casos apropiados, la revocación de los precedentes judiciales federales o estatales y la terminación de los decretos de consentimiento que impiden la política de los Estados Unidos de fomentar el internamiento civil de personas con enfermedades mentales que representan un riesgo para sí mismas o para el público o que viven en la calle y no pueden cuidarse a sí mismas en instalaciones apropiadas durante períodos de tiempo apropiados; y
  2. proporcionar asistencia a los gobiernos estatales y locales, […] para la identificación, adopción e implementación de normas de internamiento civil, tratamiento institucional y tratamiento “escalonado” que sean lo más flexibles posible y que permitan el internamiento y el tratamiento adecuados de personas con enfermedades mentales que representan un peligro para los demás o que viven en la calle y no pueden cuidarse a sí mismas.”

Por qué esto es un problema

La Orden Ejecutiva busca revocar los precedentes judiciales federales o estatales (como Olmstead v. L.C.), permitiendo que sean internados involuntariamente en centros institucionales de larga duración con el pretexto de promover la seguridad pública.

En otras palabras, el Presidente está pidiendo directamente al Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) que socave la ley establecida.

Ya hemos recorrido este camino antes. Antes de la década de 1960, las personas a menudo eran confinadas durante largos períodos de tiempo en hospitales psiquiátricos por razones insignificantes o inexistentes, destruyendo innumerables vidas. Esto condujo a cambios en las políticas que impulsaron la desinstitucionalización y el establecimiento de protecciones legales para los derechos civiles de las personas contra el internamiento involuntario.

Estos cambios coincidieron con una creciente comprensión de que la atención comunitaria es mucho más eficaz a largo plazo: las personas tienen más éxito en la atención centrada en la persona y orientada a la recuperación que se presta en el hogar.

Hay dos peligros adicionales de esta Orden:

  • En primer lugar, no está claro quién estará autorizado a determinar la necesidad de institucionalización de una persona, ni bajo qué criterios. Esto abre el camino a los prejuicios y estereotipos en lugar de a la experiencia clínica.
  • En segundo lugar, esta Orden no tiene en cuenta la escasez de camas de salud mental en los Estados Unidos, ni lo que harán las comunidades cuando no estén disponibles.

¿Cuál es la alternativa?

La desinstitucionalización no causó la falta de vivienda, y la reinstitucionalización no la resolverá. En cambio, la Administración debería:

  • aumentar las inversiones en infraestructura comunitaria para ampliar la disponibilidad, la accesibilidad y la capacidad de respuesta de las opciones de atención médica comunitaria; y
  • ampliar el acceso a la vivienda y a las ayudas económicas, para que las personas tengan una base estable desde la que sea más probable que se recuperen.

Cada uno de estos esfuerzos haría que nuestras comunidades fueran realmente más seguras y fuertes. La institucionalización no hace ninguna de las dos cosas.

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