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Entendiendo la orden ejecutiva de Trump sobre la falta de vivienda: rechazando los servicios de reducción de daños

La siguiente publicación forma parte de una serie de blogs que exploran los impactos dañinos de la reciente Orden Ejecutiva del Presidente Trump sobre la falta de vivienda. En cada publicación, el personal de Alliance discutirá un componente de la Orden Ejecutiva y cuáles serán las implicaciones en los servicios para personas sin hogar. Tenga en cuenta que Alliance no puede proporcionar asesoramiento legal y no lo hace. Consulte a un abogado para obtener interpretaciones legales.

Lo que dice la orden ejecutiva sobre la reducción de daños

“El Secretario de Salud y Servicios Humanos tomará las medidas apropiadas para garantizar que las subvenciones discrecionales emitidas por la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias para la prevención, el tratamiento y la recuperación de trastornos por uso de sustancias financien programas basados en evidencia y no financien programas que no logren resultados adecuados, incluidos los llamados esfuerzos de “reducción de daños” o “consumo seguro” que solo facilitan el uso ilegal de drogas y sus daños asociados.”

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“Con respecto a los receptores de asistencia federal para vivienda y personas sin hogar que operan sitios de inyección de drogas o “sitios de consumo seguro”, distribuyen a sabiendas parafernalia de drogas o permiten el uso o la distribución de drogas ilícitas en propiedades bajo su control:

  • (i) el Fiscal General revisará si dichos receptores están violando la ley federal, incluido el 21 U.S.C. 856, y entablará acciones civiles o penales en los casos apropiados; y
  • (ii) el Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, en coordinación con el Fiscal General, revisará si dichos receptores están violando los términos de los programas en virtud de los cuales reciben asistencia federal para vivienda y personas sin hogar y congelará su asistencia según corresponda.”

Por qué esto es un problema

La adicción a las drogas o al alcohol, también llamada trastorno por uso de sustancias, es un problema de salud pública que afecta a millones de personas en todo Estados Unidos, la mayoría de las cuales no están sin hogar.

La Administración Trump quiere redirigir la financiación federal lejos de la atención médica basada en evidencia y las intervenciones de vivienda. Esto incluye la reducción de daños, una estrategia de salud pública que reduce los riesgos para la salud de las personas que consumen drogas o alcohol. Los enfoques de reducción de daños también detienen la propagación de enfermedades transmisibles prevenibles.

Esta Orden Ejecutiva es un ataque directo a los servicios de reducción de daños que salvan vidas, como la distribución de naloxona (también conocida como Narcan), los programas de intercambio de jeringas o agujas, los suministros para fumar de forma segura, las tiras de prueba de drogas e incluso el tratamiento asistido con medicamentos (MAT).

Sin estrategias de reducción de daños, tanto las personas sin hogar como las que tienen vivienda morirán; muchas personas sin hogar y adictas perderán su conexión inicial con los servicios.

Alejarse de la reducción de daños resultará en peores resultados de tratamiento y menos personas entrando en recuperación. Dejar de financiar estos enfoques resultará en exactamente lo contrario de lo que la administración espera lograr.

¿Cuál es la alternativa?

La reducción de daños tiene un historial probado de salvar vidas. La Administración debería adherirse a este enfoque.

La reducción de daños ayudó a revertir el curso de las muertes por sobredosis de drogas en los Estados Unidos. Entre 2013 y 2022, las muertes por sobredosis de drogas aumentaron año tras año, pero después de alcanzar un máximo histórico en 2022, comenzaron a disminuir en 2023. Las muertes por sobredosis de drogas vieron una dramática disminución del 27% en 2024 según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU.

Estas vidas se salvaron gracias a la reducción de daños.

La Administración debería escuchar a los expertos y aumentar la financiación federal para la reducción de daños basándose en décadas de datos y evidencia que refuerzan una estrategia de salud pública exitosa.

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