Esta publicación es la tercera parte de una serie de entradas de blog dedicadas a delinear los impactos y consecuencias del reciente fallo de la Corte Suprema en el caso de Ciudad de Grants Pass, OR, contra Johnson. Lea la parte uno y dos.
El pasado viernes, hubo dos noticias importantes sobre la falta de vivienda. Una noticia fue muy mala, y ha sido el foco de atención de prácticamente todo el campo durante los últimos días.
La otra fue muy buena, pero recibió mucha menos atención.
Por supuesto, la primera noticia es el fallo 6-3 de la Corte Suprema sobre Ciudad de Grants Pass, Oregón contra Johnson, que revoca un fallo del tribunal del 9º Circuito que anteriormente restringía a las ciudades imponer sanciones a las personas que experimentan falta de vivienda sin tener que ofrecer refugio, vivienda o servicios bajo la cláusula de «castigos crueles e inusuales» de la 8ª Enmienda.
A raíz del fallo, muchos funcionarios electos, particularmente aquellos en los estados occidentales que están comprendidos por el 9º Circuito, celebraron con mensajes sobre cómo los tribunales eliminaban la ambigüedad que había «atado sus manos» y los había dejado «impotentes» para abordar la crisis de falta de vivienda en sus comunidades.
Pero en Los Ángeles, los líderes tanto de la Ciudad como del Condado de Los Ángeles condenaron el fallo y aclararon que el 9º Circuito nunca restringió a los legisladores locales de seguir enfoques probados para acabar con la falta de vivienda.
«Este fallo no debe utilizarse como excusa para que las ciudades de todo el país intenten salir de este problema mediante arrestos o ocultar la crisis de falta de vivienda en ciudades vecinas o en la cárcel. Ninguna de las dos funcionará», señaló la Alcaldesa Karen Bass. «La única manera de abordar esta crisis es llevar a las personas al interior con vivienda y servicios de apoyo».
Desde el Condado de Los Ángeles, la Supervisora Lindsay Horvath emitió un llamado similar: «La criminalización de la falta de vivienda es peligrosa, no funciona y no se mantendrá en el Condado de LA», respondió ella.
Y luego trajeron la prueba en nuestra segunda historia.
El viernes, la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles (LAHSA, la entidad líder en el Continuo de Atención de Los Ángeles), emitió los resultados del Recuento de Personas sin Hogar de 2024, mostrando que la falta de vivienda no refugiada disminuyó un 5 por ciento en todo el Condado y un 10.4 por ciento en la Ciudad de Los Ángeles, mientras que las cifras generales mostraron descensos moderados.
Este es un gran avance para Los Ángeles, que está viendo sus primeras reducciones en la falta de vivienda en seis años.
Está claro por qué ocurrieron estas disminuciones. Los Ángeles está invirtiendo una enorme energía en adoptar el enfoque correcto como región: liderando con vivienda y servicios, invirtiendo dólares locales para hacerlo, y trabajando hacia una mayor coordinación entre las 88 ciudades de la región, el condado y el Continuo de Atención. Y los números del recuento de personas sin hogar respaldan que este enfoque, no la criminalización, está funcionando.
De hecho, los datos de LAHSA mostraron más de 27,000 colocaciones en viviendas permanentes en el último año en todo Los Ángeles, el mayor número de colocaciones en la región en cualquier año hasta la fecha.
Los Ángeles no está exento de esfuerzos por criminalizar. La Ciudad tiene una ordenanza existente que actualizó en 2021 (Código Municipal de LA 41.18) que permite a los concejales individuales ordenar la limpieza de campamentos y multar y arrestar a las personas en el proceso. Pero cuando los concejales han utilizado este enfoque, ha sido un claro fracaso. La propia evaluación de la ordenanza por parte de la Ciudad encontró que la aplicación costó millones, resultó en casi cero colocaciones de vivienda, y falló incluso en frenar los campamentos, que a menudo regresaron. Mientras tanto, los concejales como Nithya Raman que han evitado usar la aplicación como herramienta, y se han enfocado en liderar con servicios, han visto algunas de las disminuciones más pronunciadas en la falta de vivienda en sus distritos.
Así es: los concejales que han rechazado las multas y los arrestos han tenido los mejores resultados en Los Ángeles.
La Alcaldesa Bass y la Supervisora Horvath tienen razón: la criminalización y los enfoques punitivos hacia la falta de vivienda están bien documentados como fracasos para abordar la falta de vivienda. Los legisladores locales, antes de apresurarse a arrestar, multar y sancionar para salir de la falta de vivienda a raíz de la decisión de Grants Pass, deberían hacer una pausa y mirar a las comunidades donde los datos apuntan en la dirección correcta.
La Ciudad, el Condado y el CoC en Los Ángeles están trazando un rumbo claro hacia adelante: cuando se lidera con una inversión sólida y constante en servicios y vivienda, y un enfoque centrado en la persona, el progreso puede ocurrir.
Otros responsables políticos deberían dejar de hacer falsas promesas y tomar nota. No solo dependen de ello las vidas de sus electores sin hogar. También depende su supervivencia política.
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