Racismo sistémico y discriminación de grupos marginados

Las políticas y prácticas de vivienda discriminatorias y racistas (incluyendo el redlining) han creado comunidades y vecindarios segregados con escuelas subfinanciadas, vigilancia excesiva y menos acceso a oportunidades económicas. Como resultado, las comunidades negras y latinas en particular están expuestas de manera desproporcionada a la pobreza, condiciones de vivienda deficientes y falta de vivienda.

Discriminación en la vivienda

Desde 1968, la Ley de Vivienda Justa ha tenido como objetivo proteger a los inquilinos de la discriminación al alquilar o comprar una vivienda. Sin embargo, la discriminación persiste por parte de propietarios y prestamistas que buscarán indicadores indirectos como la fuente de ingresos, los registros de desalojo y los antecedentes penales.

Gentrificación:

Con demasiada frecuencia, los esfuerzos de revitalización en vecindarios desfavorecidos excluyen por precio a los residentes existentes, que a menudo forman parte de grupos marginados. Esto deja a las personas con aún menos opciones de vivienda segura y asequible.

Zonificación excluyente:

Cuando los esfuerzos de zonificación prohíben el desarrollo de viviendas asequibles y refuerzan los sentimientos NIMBY (No en mi patio trasero), esencialmente mantienen la segregación no solo en la vivienda, sino también en la educación y las oportunidades laborales.

Los efectos duraderos del redlining

El redlining negó a las comunidades negras y latinas la igualdad de acceso a oportunidades de vivienda, lo que condujo a la brecha de riqueza racial y la continua segregación habitacional en la actualidad.

Cuando se niega la vivienda

La discriminación en la vivienda priva a las personas de la necesidad humana fundamental de un lugar seguro y estable para vivir. Y cuando las personas no pueden acceder a una variedad de opciones, se ven cada vez más obligadas a ocupar unidades que posiblemente no puedan pagar. Por ejemplo, el cincuenta y siete por ciento de todos los encuestados en una encuesta de Zillow de 2024 informaron haber experimentado algún tipo de discriminación en la vivienda durante su vida, con episodios elevados entre los encuestados LGBTQ+ (79%), afroamericanos (69%) e hispanos y latinos (64%).

El racismo y la discriminación contra grupos marginados, incluyendo nativos hawaianos, isleños del Pacífico, indígenas americanos, nativos de Alaska, afroamericanos y latinos, personas LGBTQ+ y personas con discapacidades, limitan las oportunidades económicas y atrapan a las personas en la pobreza. Las prácticas y políticas que limitan el empleo, los salarios justos y la propiedad de vivienda contribuyen a niveles dispares de vulnerabilidad económica que en última instancia pueden conducir a la falta de vivienda.

Pobreza desproporcionada

La discriminación y la marginación son impulsores de la pobreza. En 2023, la tasa de pobreza nacional fue del 11,1 por ciento. Mientras tanto, la tasa para las personas LGBTQ+ fue del 17 por ciento, con una tasa más alta (21,2 por ciento) entre las personas trans. Para los afroamericanos, la tasa de pobreza fue del 17,9 por ciento. Para las personas con discapacidades, fue del 20,3 por ciento.

Disparidad salarial

La inequidad sistémica en la remuneración deja a grupos enteros de personas luchando por llegar a fin de mes. Por ejemplo, existe una brecha del 24,4 por ciento entre los salarios del trabajador negro promedio en comparación con el trabajador blanco promedio en los Estados Unidos.

Pérdida de oportunidades económicas

La propiedad de vivienda ha sido tradicionalmente considerada como un trampolín para la acumulación de riqueza. No obstante, a los hogares de minorías étnicas se les ha negado sistemáticamente esta oportunidad durante generaciones. Incluso en la actualidad, la tasa de propiedad de vivienda para los afroamericanos es del 44%, en comparación con el 65,5% a nivel nacional y el 72% para los estadounidenses blancos.

La discriminación sistémica que impulsa la situación de calle en la actualidad tiene sus raíces en políticas de vivienda racistas de décadas pasadas. Estas políticas, incluyendo la práctica de ‘redlining’, continúan afectando a las personas negras, indígenas y de color (BIPOC, por sus siglas en inglés), lo que resulta en un acceso desigual a viviendas seguras y estables. La marginación se extiende a los individuos LGBTQ+, especialmente a los jóvenes, lo que exacerba aún más su riesgo de quedarse sin hogar.

Disparidades raciales en la situación de calle

Los efectos duraderos del racismo sistémico, como el ‘redlining’ y la discriminación en la vivienda, han afectado de manera desproporcionada a las comunidades BIPOC. Los afroamericanos constituyen más de un tercio de la población sin hogar a pesar de representar solo el 14,4 por ciento de la población estadounidense, y estas disparidades persisten a través de múltiples indicadores sociales y económicos.

Comunidades LGBTQ+ y situación de calle

La intersección de la raza y la identidad LGBTQ+ crea barreras compuestas para la estabilidad habitacional. Los individuos LGBTQ+, particularmente los jóvenes, a menudo enfrentan rechazo familiar, discriminación laboral y violencia. Las personas transgénero negras y latinx experimentan una inseguridad habitacional especialmente severa, estando desproporcionadamente representadas en las estadísticas de personas sin hogar debido al impacto combinado de la discriminación racial, la transfobia y la marginación económica. Estas formas interseccionales de discriminación crean obstáculos únicos en el acceso a viviendas estables, servicios de albergue de emergencia y sistemas de apoyo.

El impacto del encarcelamiento

Las disparidades raciales en el encarcelamiento han empeorado continuamente. La tasa para los afroamericanos se ha triplicado entre 1869 y 2016 y es más de seis veces la tasa de encarcelamiento de blancos. Estas disparidades no son accidentales: las personas negras y morenas corren un riesgo mucho mayor de ser objeto de acoso, perfiladas y arrestadas por delitos menores, especialmente en áreas de alta pobreza. Las implicaciones son de largo alcance: un historial criminal puede impedir que las personas obtengan vivienda y empleo, y las personas que salen de la cárcel y la prisión tienen altas tasas de situación de calle.

Acceso a atención de calidad

Las personas de color tienen muchas menos probabilidades de tener seguro médico que las personas blancas, especialmente en estados sin expansión de Medicaid. Se estima que 30 millones de estadounidenses no tienen seguro, siendo aproximadamente la mitad personas de color. La falta de seguro para personas con condiciones médicas crónicas y/o enfermedades mentales graves no tratadas las pone en riesgo de quedarse sin hogar o de vivir en condiciones precarias.