Boston, MA, 1 de abril de 2026 — El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito ha rechazado una solicitud de la administración Trump-Vance para anular una orden judicial que está bloqueando los intentos de la administración de implementar restricciones ilegales e irrazonables que buscan desviar la financiación de soluciones probadas para las personas sin hogar.
Durante años y a través de múltiples administraciones presidenciales, el Programa Continuum of Care (CoC) del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) ha ayudado a proporcionar los recursos necesarios para que los gobiernos locales y las organizaciones financien proyectos de vivienda permanente para veteranos, personas mayores, personas con discapacidad e individuos y familias con niños que experimentan la falta de vivienda. Sin embargo, el 13 de noviembre de 2025, sin explicación alguna, HUD rescindió la convocatoria de oportunidades de financiación (NOFO) de dos años que debería haber regido las adjudicaciones del año fiscal 2025 y la sustituyó por una que amenaza los servicios existentes, lo que podría empujar a casi 200.000 estadounidenses a la falta de vivienda. Luego emitió otra NOFO nueva un mes después. La nueva NOFO para el año fiscal 2025 trastocó la estabilidad del programa exigida por ley y tendría un impacto devastador para las comunidades, los niños, jóvenes, adultos y familias sin hogar y anteriormente sin hogar, y los proveedores de servicios que dependen de la financiación federal para proporcionar la ayuda necesaria.
Una amplia coalición de gobiernos locales y organizaciones sin ánimo de lucro emprendió acciones legales para detener la nueva NOFO en National Alliance to End Homelessness et al. v. HUD, y en diciembre de 2025, un juez federal concedió una medida cautelar preliminar que bloquea temporalmente los intentos de la administración de implementar las restricciones ilegales e irrazonables que buscan desviar la financiación de soluciones probadas para las personas sin hogar. La decisión de hoy mantiene ese bloqueo y confirma que la reciente ley del Congreso que exige a HUD renovar las subvenciones existentes no significa que HUD pueda implementar las condiciones ilegales.
La coalición detrás de la demanda incluye a la National Alliance to End Homelessness (NAEH), la National Low Income Housing Coalition (NLIHC), Crossroads Rhode Island, Youth Pride, Inc., así como el condado de Santa Clara, California, San Francisco, California, el condado de King, Washington, Boston, Massachusetts, Cambridge, Massachusetts, Nashville, Tennessee y Tucson, Arizona.
La coalición emitió la siguiente declaración en respuesta a la orden:
«Mientras la administración Trump-Vance continúa utilizando la financiación federal como arma e intenta mantener como rehén el apoyo a las personas sin hogar —incluidas familias, personas mayores, veteranos y personas con discapacidad—, nos alivia que el tribunal de apelaciones haya dejado en vigor la orden que obtuvimos a finales del año pasado. Continuaremos con este caso y seguimos comprometidos con la protección de soluciones probadas para las personas sin hogar y los cientos de miles de personas que dependen de este apoyo vital».
Democracy Forward y la ACLU Foundation of Rhode Island representan a la coalición de organizaciones sin ánimo de lucro en el asunto; el National Homelessness Law Center representa a NAEH y NLIHC; Public Rights Project representa a las ciudades de Boston, Cambridge, Nashville y Tucson, así como al condado de King; el condado de Santa Clara y San Francisco también son demandantes. El Lawyers’ Committee for Rhode Island representa a todos los demandantes.
Las declaraciones de los demandantes y coabogados sobre la presentación original están disponibles aquí.
Lee la orden del tribunal aquí.
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