Providence, RI, MES DÍA, 2025 — Un juez federal ha concedido las mociones para una orden judicial preliminar, que bloqueará temporalmente los intentos de la administración Trump-Vance de implementar restricciones ilegales e irrazonables que buscan desviar la financiación de soluciones probadas para la falta de vivienda. La orden se produce en National Alliance to End Homelessness et al. v. HUD, un caso presentado por gobiernos locales y organizaciones sin fines de lucro, que busca evitar el dañino intento de la administración de detener la financiación de proyectos de vivienda permanente que están manteniendo a cientos de miles de personas sin hogar a medida que llegan los fríos meses de invierno.
Durante años y a través de múltiples administraciones, el programa Continuum of Care (CoC) del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de EE. UU. ha ayudado a proporcionar los recursos necesarios para que los gobiernos y organizaciones locales financien proyectos de vivienda permanente para veteranos, personas mayores, personas con discapacidades e individuos y familias con niños que experimentan la falta de vivienda. El 13 de noviembre de 2025, sin embargo, sin explicación, el HUD rescindió un aviso de programa necesario, reemplazándolo por uno que amenaza los servicios existentes. Esta medida fue retirada por el HUD horas antes de una audiencia en el caso presentado por gobiernos locales y organizaciones sin fines de lucro. La orden de la jueza Mary S. McElroy desde el estrado hoy, a la que seguirá una orden escrita, bloquea la implementación de cambios peligrosos en el programa CoC, incluso cuando el gobierno ha amenazado con emitir otro nuevo anuncio de financiación.
La coalición detrás de la demanda incluye a la National Alliance to End Homelessness (NAEH), la National Low Income Housing Coalition (NLIHC), Crossroads Rhode Island, Youth Pride, Inc., así como al Condado de Santa Clara, California, San Francisco, California, el Condado de King, Washington, Boston, Massachusetts, Cambridge, Massachusetts, Nashville, Tennessee y Tucson, Arizona.
La coalición emitió la siguiente declaración en respuesta a la orden:
“Esta orden ofrece a los gobiernos locales y a las organizaciones sin fines de lucro que realizan el arduo e importante trabajo de apoyar a las personas que experimentan la falta de vivienda un alivio muy necesario después de la amenaza de nuevas condiciones dañinas impuestas por la administración Trump-Vance. La orden de hoy significa que más de 170.000 personas (familias, personas mayores, veteranos y personas con discapacidades) tienen un respiro del ataque del gobierno. La administración Trump-Vance ha sugerido que redoblaría su esfuerzo ilegal e irrazonable para echar a la gente de sus viviendas y devolverla a la falta de vivienda con un nuevo cambio de política. Continuaremos con este caso y seguiremos dedicados a proteger las soluciones probadas para la falta de vivienda y los cientos de miles de personas que dependen de este apoyo a la vivienda”
Después de más de una década de priorizar enfoques basados en la evidencia que reducen la falta de vivienda, como explica la denuncia, cualquier cambio en el Aviso de Oportunidad de Financiación amenaza con alterar la estabilidad del programa requerido por la ley, tendrá impactos devastadores para los demandantes y hará que cientos de miles de niños, jóvenes, adultos y familias se queden sin hogar.
Democracy Forward y la ACLU Foundation de Rhode Island representan a la coalición de organizaciones sin fines de lucro en el asunto; el National Homelessness Law Center representa a NAEH y NLIHC; Public Rights Project representa a las ciudades de Boston, Cambridge, Nashville y Tucson; y el Condado de Santa Clara y San Francisco se representan a sí mismos. El Lawyers’ Committee for Rhode Island representa a todos los demandantes.
Las citas del demandante y del codirector con respecto a la presentación original están disponibles aquí.
Lea la denuncia completa aquí.
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