Declaración de la Alianza Nacional para Erradicar la Falta de Vivienda sobre la Orden Ejecutiva del Gobernador Gavin Newsom relativa a los Campamentos de Personas sin Hogar

Líderes instan a Newsom a retirar la Orden Ejecutiva y colaborar con los gobiernos locales para enfocarse en estrategias de campamentos basadas en evidencia

Washington, D.C., 26 de julio de 2024 — La Alianza Nacional para Erradicar la Falta de Vivienda expresó su consternación tras la Orden Ejecutiva N-1-24 del gobernador Gavin Newsom, que ordena a las agencias y departamentos estatales de California comenzar a despejar los campamentos en propiedades estatales utilizando un modelo profundamente defectuoso. Ahora, más que nunca, los funcionarios electos, los líderes del sistema de atención a personas sin hogar y los proveedores de servicios de primera línea deben trabajar en colaboración estratégica entre sí, y en asociación con las personas que experimentan la falta de vivienda en sus comunidades, para implementar estrategias y soluciones centradas en las personas para erradicar la falta de vivienda. Esta orden rechaza tal colaboración y desestima la opinión de aquellos con el entendimiento más profundo de este problema.

La orden llega en un momento en que las políticas perjudiciales y coercitivas están aumentando en todo el país, a pesar de la evidencia de que estos enfoques no funcionan para poner fin a la falta de vivienda de las personas.

«La evidencia es en realidad muy clara: los desalojos forzados de campamentos son ineficaces, costosos y no estratégicos», afirmó Ann Oliva, directora ejecutiva de la Alianza Nacional para Erradicar la Falta de Vivienda. «La orden general de despejar los campamentos sin abordar las necesidades inmediatas y a largo plazo de sus residentes desplazará a miles de personas y aumentará su riesgo de daño. También obstaculizará el progreso de los proveedores de California, que ya cuentan con recursos insuficientes y que trabajan día y noche para reubicar a la población sin techo del estado. Esa no es una solución a la crisis de falta de vivienda de California».

En su lugar, esta Orden Ejecutiva resalta el enfoque profundamente defectuoso utilizado por el Departamento de Transporte de California (Caltrans). Este modelo requiere solo 48 horas de aviso a los proveedores y residentes de los campamentos, y a veces menos. También permite que los desalojos de campamentos ocurran independientemente de si hay un suministro adecuado de recursos de refugio y vivienda disponibles y accesibles. La Alianza aconsejó a los líderes comunitarios que la orden solo se aplica a terrenos estatales y les instó a no utilizar tal enfoque en todo el sistema.

La Alianza expresó su frustración por el hecho de que este enfoque prepara a las comunidades para el fracaso. Fuerza un cronograma demasiado insuficiente para el cierre de campamentos que sobrecargará a los proveedores locales que ya están crónicamente sobrecargados. Además, interrumpirá el alcance y los servicios a las personas que actualmente están siendo atendidas y desviará recursos de sus esfuerzos activos para reubicar a la población sin techo de California. También empujará a las personas sin techo a localidades que carecen de la infraestructura para abordar este problema, erosionará su confianza en los servicios del estado y sobrecargará a las fuerzas del orden con una directiva para la cual carecen de las herramientas o la capacitación para abordar adecuadamente.

Además, esta Orden Ejecutiva afectará de manera desproporcionada a las personas negras, morenas e indígenas, que ya están sobrerrepresentadas en la población sin hogar de California: un resultado del sesgo implícito históricamente arraigado en los sistemas de asistencia pública y otras instituciones. A pesar de constituir solo el 7 por ciento de la población del estado, los californianos negros constituyen más de un cuarto de la población sin hogar del estado. La medida en que se utilice la aplicación de la ley para ejecutar esta directiva solo acelerará la devastadora sobrerrepresentación de los estadounidenses negros en el sistema legal penal y dificultará aún más que aquellos con participación en el sistema de justicia obtengan vivienda o empleo.

Los líderes de la Alianza señalaron que los expertos en políticas de California, las jurisdicciones locales y las personas con experiencia vivida han dejado claro que la principal barrera para erradicar la falta de vivienda en el estado ha sido la resistencia a hacer compromisos de financiación sostenidos y permanentes para la vivienda y los servicios desesperadamente necesarios.

«Esta Orden Ejecutiva minimiza la naturaleza de la crisis de vivienda en California y pasa por alto el hecho de que el estado solo tiene la capacidad de albergar a un estimado del 39 por ciento de las personas sin hogar1», dijo Oliva. «Esta respuesta miope y reactiva desconectará a las personas de los proveedores que están buscando activamente ayudarles; llevará a la pérdida de documentación vital, identificación y medicamentos que necesitan para sobrevivir; y les cortará el acceso a los servicios que necesitan».

La Alianza insta al Gobernador y a su administración a retirar la Orden Ejecutiva. En su lugar, el Gobernador y su administración deben trabajar en colaboración con los gobiernos locales para centrarse en estrategias de asentamientos basadas en evidencia, equitativas y rentables que resulten en que las personas sean alojadas, no desplazadas.

Acerca de la Alianza Nacional para Erradicar la Falta de Vivienda

La Alianza Nacional para Erradicar la Falta de Vivienda es una organización sin fines de lucro y no partidista comprometida con la prevención y eliminación de la falta de vivienda en los Estados Unidos. Como voz líder en el tema de la falta de vivienda, la Alianza analiza políticas y desarrolla soluciones pragmáticas y rentables; trabaja en colaboración con los sectores público, privado y sin fines de lucro para desarrollar capacidades estatales y locales; y proporciona datos e investigaciones a los legisladores y funcionarios electos con el fin de informar los debates sobre políticas y educar al público y a los líderes de opinión en todo el país.