Pulse Check: tomando el pulso al sector en tiempos inciertos

Índice

Parte de la descripción del puesto en los sistemas y proveedores de servicios para personas sin hogar es identificar soluciones creativas a retos urgentes. En los últimos años, la pandemia de la COVID-19 añadió una presión inusual y, poco después, le siguieron el aumento de los esfuerzos federales por criminalizar el sinhogarismo y rehacer la red de protección social.

Para comprender el impacto de estos acontecimientos, la Alliance inició una serie de encuestas periódicas al sector de los servicios para personas sin hogar. Estas encuestas Pulse Check respaldarán los esfuerzos para asesorar a profesionales, orientar las políticas y ayudar a las comunidades a reconocer que no están solas en sus experiencias.

Aunque este proyecto acabará llegando a todo tipo de expertos, la primera ronda de encuestas se dirigió a líderes ejecutivos y se difundió entre noviembre y diciembre de 2025. Respondió una muestra de 87 líderes de Continuums of Care (CoC) y 162 líderes de organizaciones proveedoras de servicios. Dado que el sector de los servicios para personas sin hogar respondió a diversos acontecimientos durante y después del periodo de la encuesta, es posible que el impacto de esos hechos no se refleje plenamente en esta ronda de resultados. Por ejemplo, se produjeron varias conversaciones sobre las asignaciones presupuestarias para el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. (HUD), los esfuerzos de la Administración por cambiar los criterios para recibir financiación del HUD para el sinhogarismo y una demanda que buscaba impedir esos cambios.

En general, las encuestas dibujan un panorama de un sector que afronta presiones crecientes que pueden afectar negativamente a los servicios y a los esfuerzos del país por acabar con el sinhogarismo. Los proveedores expresaron preocupaciones clave en torno a la presión sobre la financiación, la criminalización del sinhogarismo, los cambios en Medicaid, los impactos previstos de los cambios en la política federal y los retos de personal.

Sobre la encuesta

La encuesta Pulse Check de la Alliance llegó a líderes de organizaciones proveedoras de servicios en 39 estados y el Distrito de Columbia. Las personas encuestadas se encontraban en una amplia variedad de comunidades, incluidas grandes ciudades (42 %), ciudades pequeñas (30 %), áreas suburbanas (12 %) y áreas rurales (17 %). Representaban el amplio abanico de servicios para personas sin hogar, que incluye el trabajo de calle, los albergues de emergencia y la vivienda permanente.

La encuesta Pulse Check también llegó a líderes de CoC en 27 estados. Para evitar recopilar información identificativa, no se pidió a las personas encuestadas que indicaran el tipo de comunidad.

La Alliance realizará periódicamente este tipo de encuestas, llegando a líderes de proveedores de servicios y de CoC, así como a otras partes interesadas. El objetivo de la serie de encuestas “Pulse Check” es seguir la evolución de los servicios para personas sin hogar a lo largo del tiempo en esta era actual de incertidumbre y cambios en las políticas.

Presiones de financiación

A principios de 2025, el Presidente publicó recomendaciones presupuestarias federales que habrían reestructurado y reducido significativamente la financiación de los servicios para personas sin hogar. A lo largo de 2025, proveedores y organizaciones llevaron a cabo intensas labores de incidencia para evitar estas reducciones. El Congreso finalizó las asignaciones presupuestarias para el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. (HUD) en enero de 2026, evitando en gran medida los recortes temidos en programas y servicios hasta septiembre de 2026.

Mientras el gobierno federal se prepara para iniciar el próximo proceso de financiación para el ejercicio fiscal 2027, es probable que los servicios para personas sin hogar vuelvan a tener una nube negra sobre sus esfuerzos por alojar a las personas que lo necesitan. La encuesta Pulse Check de la Alliance reveló que incluso la amenaza de recortes de financiación puede desestabilizar a organizaciones y agencias.

Mientras lidiaban con la presión de posibles recortes de financiación, los sistemas y proveedores de servicios para personas sin hogar gestionaban al mismo tiempo reducciones muy reales de los recursos disponibles. En respuesta a la pandemia de la COVID-19, el Congreso había aumentado las inversiones en una amplia gama de programas contra la pobreza; sin embargo, la retirada gradual de esas fuentes de financiación en los últimos años afectó a la capacidad de las comunidades para ofrecer una respuesta suficiente contra la pobreza, incluidos los servicios para personas sin hogar.

Criminalización del sinhogarismo

En junio de 2024, el Tribunal Supremo de EE. UU. emitió su decisión en City of Grants Pass v. Johnson. El caso ha dado permiso a jurisdicciones de todo el país para castigar a las personas que viven sin refugio, incluso cuando no tienen otras opciones de alojamiento en su comunidad. Aproximadamente un año después, el presidente Trump emitió una Orden Ejecutiva indicando que la Administración tomaría medidas para animar a las comunidades a hacer cumplir las leyes que prohíben acampar en zonas urbanas y merodear. Como resultado, los esfuerzos por criminalizar el sinhogarismo se han ido multiplicando en todo el país.

Al responder a la encuesta Pulse Check de la Alliance, líderes de organizaciones de servicios para personas sin hogar informaron de un aumento de las políticas de criminalización y de su aplicación en sus regiones. Las organizaciones indicaron que estos cambios estaban provocando resultados negativos, incluidos desplazamientos de clientes que interrumpen los servicios y un mayor miedo entre las personas sin hogar.

Retos para las personas sin hogar: fuerzas del orden

Cambios en Medicaid

La Ley de Cuidado de Salud Asequible de 2014 amplió significativamente la cobertura del seguro médico para las personas en situación de sinhogarismo al permitir que los adultos solteros participaran en Medicaid. En 2025, el Congreso aprobó una ley (apodada la “One Big Beautiful Bill”) que se esperaba que frenara este avance al sacar a aproximadamente 7,5 millones de personas de Medicaid. Esta ley estableció nuevos obstáculos, incluidos requisitos de trabajo y la obligación de volver a demostrar la elegibilidad cada seis meses (en lugar de anualmente). Se espera que la incapacidad para seguir el ritmo del papeleo constante y los retrasos en la tramitación gubernamental expulsen a muchas personas del programa.

Retos para las personas sin hogar: burbuja

Cuando se preguntó por este tema en la encuesta de la Alliance, el 62 % de los proveedores de servicios esperaba que muchos de sus clientes (el 31 % o más) perdieran la cobertura de Medicaid. Creían que estos cambios interrumpirían el acceso a servicios de salud conductual y aumentarían las visitas a urgencias. Citaron importantes barreras a las que se enfrentarían sus clientes para cumplir los requisitos de trabajo, incluidos problemas de salud física y mental, implicación con el sistema de justicia penal y oportunidades laborales limitadas en sus comunidades.

Impactos previstos de posibles cambios de política

A través de su propuesta presupuestaria para el ejercicio fiscal 2026 y de una Orden Ejecutiva centrada en el sinhogarismo, la Administración Trump ha impulsado cambios en la política sobre el sinhogarismo. La encuesta de la Alliance preguntó a líderes de sistemas y proveedores de servicios sobre algunas de estas recomendaciones.

Idea: institucionalización forzosa de más personas sin hogar en hospitales de salud mental, centros de tratamiento de trastornos por consumo de sustancias y cárceles o prisiones.

La mayoría de los proveedores de servicios (el 77 %) dijo, en general, que estas instalaciones “no son adecuadas” o “son muy inadecuadas” para sus clientes. Además, los proveedores indicaron que, en sus comunidades, por lo general no hay camas disponibles en centros de salud mental y de tratamiento de trastornos por consumo de sustancias. Esta escasez de camas limita gravemente las opciones de quienes buscan tratamiento de forma voluntaria, pero también dificulta forzar a las personas a recibir tratamiento.

Idea: eliminar el Programa Continuum of Care, seleccionando una nueva vía para canalizar la financiación de los servicios para personas sin hogar hacia los proveedores de servicios.

La gran mayoría de los proveedores de servicios (el 90 %) dijo que el trabajo de planificación y coordinación regional de su CoC es “moderadamente” a “extremadamente” importante para cumplir su misión. Los CoC tienen muchas responsabilidades. Una de sus prioridades clave es recopilar y analizar datos de los proveedores de servicios de una comunidad, y la mayoría de los proveedores considera que este papel es de importancia crítica. El 68 % afirma que, si se eliminan los CoC y ya no pueden gestionar los datos, sería difícil hacer seguimiento de los resultados y evaluar la eficacia de los programas. El 64 % indica que sería difícil vincular a los clientes con recursos.

Idea: cambiar las políticas dirigidas a subpoblaciones específicas.

El gobierno federal ha hecho esfuerzos para prohibir o dificultar el acceso a servicios a las personas transgénero, los inmigrantes indocumentados o las personas con un trastorno por consumo de sustancias. Una posible intención es presionar a la gente para que cambie quién es o su comportamiento, siendo la penalización por no ajustarse la continuidad del sinhogarismo. Líderes de sistemas sugieren que es poco probable que estas ideas de política cambien la identidad o los comportamientos de sus clientes. Por tanto, las políticas negarían de hecho la ayuda a las personas y prolongarían el sinhogarismo.

Una idea de política negaría los servicios para personas sin hogar a las personas transgénero, potencialmente con el objetivo de obligar a quienes lo necesitan a rechazar su propia identidad de género. Sin embargo, cuando se preguntó por la posible eliminación de las protecciones de grupo, el 77 % de los proveedores de servicios dijo que “la mayoría de los clientes transgénero no se ajustaría a las normas de género, prolongando su sinhogarismo”.

Si se eliminaran las políticas de reducción de daños (para obligar a las personas con trastornos por consumo de sustancias a recibir tratamiento o se les negaran los servicios), el 83 % de los proveedores de servicios dice que los clientes seguirían sin refugio porque 1) no intentarían cumplir el tratamiento requerido o 2) intentarían cumplirlo y fracasarían.

En el caso de las políticas de inmigración, dirigirse a personas indocumentadas podría afectar negativamente a muchas personas que ni siquiera forman parte de la población objetivo, como se muestra en el gráfico siguiente.

Preocupaciones sobre la plantilla

Las personas trabajadoras de los servicios para personas sin hogar suelen estar mal pagadas, lo que contribuye a una alta rotación y a la falta de personal por puestos sin cubrir. Los recortes de financiación (o la amenaza inminente de recortes) intensifican estos retos. A los empleadores puede resultarles difícil establecer salarios dignos y pueden sentirse obligados a despedir personal o imponer congelaciones de contratación. La incertidumbre en torno a estas posibilidades solo agrava el problema, haciendo que algunas personas empleadas se marchen voluntariamente antes de perder su trabajo de forma involuntaria. Este tipo de reducción de plantilla suele sobrecargar a quienes se quedan con mayores responsabilidades, al tiempo que deja a muchas personas (muchas de ellas con historiales de pobreza y sinhogarismo) en el desempleo. Los esfuerzos por ayudar a la gente y acabar con el sinhogarismo se ven obstaculizados por estos factores acumulativos.

A finales de 2025, los recortes de financiación federal aún no se habían materializado: solo eran un debate nacional. Esta incertidumbre fue suficiente para que algunas organizaciones empezaran a informar de alteraciones en la plantilla, incluidos despidos y congelaciones de contratación. Además, las organizaciones indicaron que todos los tipos de empleados están en riesgo, pero especialmente los gestores de casos, que desempeñan un papel importante al conectar a los clientes con vivienda y servicios, un papel fundamental para acabar con el sinhogarismo.

Conclusión

Los resultados de esta primera encuesta Pulse Check dejan claro que las organizaciones de servicios para personas sin hogar y las personas a las que atienden están sometidas a una presión creciente. Los sistemas y proveedores gestionan menos recursos tras el vencimiento de los fondos de alivio por la COVID-19, mientras temen que aún puedan llegar más recortes presupuestarios. Los clientes sienten la presión de unas políticas de criminalización crecientes que los desplazan de lugares conocidos y los desconectan de los servicios. Es probable que muchas personas estén perdiendo el acceso a la atención sanitaria y, por tanto, perderán tratamiento para problemas de salud física y mental. Además, líderes del ámbito del sinhogarismo sugieren que otras ideas de política pendientes podrían negar de hecho los servicios para personas sin hogar a un número cada vez mayor de personas, dejándolas vulnerables al sinhogarismo sin refugio y/o al castigo comunitario.

A pesar de estas circunstancias tan graves, muchas personas del sector están cada día resolviendo retos y haciendo que las cosas funcionen. Sin embargo, necesitarán ayuda de todos los niveles de gobierno y del sector privado para alcanzar realmente su objetivo de acabar con el sinhogarismo.

¿Le interesa
saber más?

Suscríbase hoy mismo para estar informado y recibir actualizaciones periódicas de NAEH