Toma de pulso: las entrevistas con las partes interesadas revelan una ansiedad generalizada

La decisión del Tribunal Supremo sobre el caso City of Grants Pass v. Johnson permite a los gobiernos locales aplicar normativas contra las acampadas sin temor a ser demandados por violar la Octava Enmienda de la Constitución de los EE. UU., incluso cuando la jurisdicción local no ha proporcionado suficientes viviendas o refugios para que la gente los utilice. Esta decisión ha abierto de hecho la posibilidad de una mayor criminalización de las personas sin hogar. Las políticas federales de inmigración también han cambiado significativamente, incluyendo una gran expansión de la capacidad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), un aumento de la aplicación de la ley a nivel comunitario y la eliminación de los refugios para personas sin hogar de la lista de “lugares sensibles” protegidos de las acciones de control. Además, el Gobierno federal ha empezado a presionar para poner fin a las iniciativas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) que identifican y abordan las desigualdades, y ha iniciado debates sobre el alejamiento de las políticas de Housing First (La Vivienda Primero), que han sido la piedra angular de los servicios para la vivienda y las personas sin hogar durante casi dos décadas.

Dados los cambios de financiación y política sin precedentes que se están produciendo a nivel federal, la Alianza estaba interesada en comprender cómo se están viendo afectados los servicios de vivienda y para personas sin hogar a nivel local, incluidos los retos a los que se enfrentan los proveedores y los Continuums of Care (CoC), las estrategias que están utilizando para adaptarse y cómo están respondiendo los gobiernos estatales y locales. Además de identificar los impactos, la Alianza también buscó identificar las prácticas emergentes que podrían informar al sector en general y cómo las organizaciones nacionales, como la Alianza, pueden apoyar mejor a los sistemas y proveedores de servicios de vivienda y para personas sin hogar en este momento crítico.

Métodos

Para entender cómo los cambios federales están afectando a los servicios locales de vivienda y para personas sin hogar, durante el último trimestre de 2025, buscamos entrevistar a las partes interesadas de varios estados, teniendo en cuenta los siguientes factores: (1) tasa de dependencia de la financiación federal para las camas de Vivienda Permanente con Apoyo (PSH); (2) resultados de las elecciones presidenciales de 2024 (es decir, tendencia demócrata frente a republicana a nivel estatal); y (3) diversidad regional (es decir, urbana frente a rural). La tasa de dependencia de la financiación federal para la PSH se determinó utilizando datos del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE. UU. (HUD) y se clasificó en tres niveles: alta dependencia federal (50 % o más de financiación federal para la PSH); dependencia federal de nivel medio (35-49 % de financiación federal para la PSH); y baja dependencia federal (menos del 35 % de financiación federal para la PSH). Se eligieron un total de 6 estados y se entrevistó a 1 o 2 CoC por estado, para un total de siete CoC. Además, se entrevistó a tres proveedores de servicios para personas sin hogar en diferentes estados, representando cada uno de los tres niveles de dependencia de la financiación federal. Las entrevistas duraron entre 60 y 90 minutos y fueron transcritas. Las notas de las entrevistas se analizan y resumen a continuación.

Resumen de resultados

Las entrevistas revelan una ansiedad generalizada sobre la sostenibilidad de los servicios de vivienda y para personas sin hogar. Aunque los contextos locales varían, todos los entrevistados destacaron la gran dependencia de los recursos federales, que históricamente han servido como fuente estable de financiación para las operaciones principales de los programas. El vencimiento de los fondos de la era de la pandemia, la amenaza de recortes en la financiación federal y los cambios en las políticas federales han generado preocupación respecto a la capacidad de las jurisdicciones locales para satisfacer las necesidades de vivienda y servicios para personas sin hogar de la comunidad. Sin embargo, debido a la gran incertidumbre sobre cómo podrían cambiar la financiación y las prioridades federales, los entrevistados se encuentran en una fase de espera, evitando cambios programáticos drásticos. La mayoría de los entrevistados compartieron que su enfoque inmediato ha sido la promoción y defensa con la esperanza de mantener los niveles actuales de financiación y detener los grandes cambios en las políticas.

I. Vencimiento de los fondos COVID-19 y fin de los vales de vivienda de emergencia

Los entrevistados compartieron diversas experiencias relacionadas con el vencimiento de los fondos COVID-19 y la terminación anticipada del programa de Vales de Vivienda de Emergencia (EHV). La mayoría de los entrevistados afirmaron que planificaron los fondos COVID-19 como una inversión única. Aunque la financiación les permitió ampliar los apoyos locales para la vivienda y las personas sin hogar, se entendía que los programas tendrían un tiempo limitado. Mientras que algunos encuestados se esforzaron por encontrar recursos para cubrir los huecos causados por el vencimiento de estos fondos, el personal estaba en gran medida preparado para ir cerrando los programas, incluyendo el cierre o la reducción drástica del realojamiento rápido, los vales de hotel/motel y los refugios no colectivos. Sin embargo, varios encuestados señalaron que parte del reto con los recursos que vencen es que los miembros de la comunidad siguen necesitando y buscando recursos que ya no están disponibles. Las comunidades están lidiando con la realidad de que los nuevos recursos son limitados o inexistentes. Los entrevistados expresaron su preocupación por el hecho de que los esfuerzos locales para reducir la falta de vivienda se vean obstaculizados por la falta de recursos de vivienda y la necesidad de moderar las expectativas de la comunidad sobre la disponibilidad de recursos.

También se preguntó a los entrevistados sobre el impacto del vencimiento de los EHV, que está previsto que expiren varios años antes de lo previsto originalmente. El nivel de preocupación expresado por los encuestados varió en función del número de EHV recibidos. Las jurisdicciones con un número bajo de vales, menos de 100, creían en gran medida que podrían transferir a los beneficiarios a otros programas de vivienda. Los CoC que recibieron un mayor número de vales expresaron una gran preocupación por el vencimiento anticipado. Muchas de estas jurisdicciones están pausando las inscripciones en los programas de subsidios de vivienda con la esperanza de transferir a los beneficiarios de EHV a las plazas vacantes. Sin embargo, no todos los sistemas tendrán la capacidad de absorber a todos los titulares de EHV, y muchos encuestados expresaron su preocupación de que la gente acabe de nuevo en la calle. Un entrevistado señaló que es difícil predecir quién volverá a quedarse sin hogar, ya que esto puede depender de cómo las jurisdicciones locales seleccionaron a los beneficiarios de los EHV, incluyendo si los vales se dirigieron a poblaciones con grandes necesidades o a individuos que recibían realojamiento rápido u otras intervenciones a corto plazo que podrían estabilizarse sin apoyos adicionales.

II. Dependencia federal y posibles recortes de financiación

Todos los entrevistados describieron su trabajo como dependiente de los fondos federales. Los flujos de financiación federal —incluidos los CoC, la PSH, las subvenciones para soluciones de emergencia, el Programa de Asociaciones de Inversión HOME (HOME) y el Proyecto de Demostración de Personas sin Hogar Jóvenes (YHDP)— constituyen una parte significativa de los presupuestos de servicios de vivienda y para personas sin hogar y han servido durante mucho tiempo como una fuente fiable de financiación continua. Para los CoC, los fondos federales son vitales. Los entrevistados de los CoC identificaron los fondos de planificación y programas como fundamentales para la coordinación del sistema y la defensa de las políticas y programas federales. Los entrevistados destacaron el papel fundamental de los CoC para garantizar que la respuesta local a la falta de vivienda esté coordinada. La financiación del Sistema de Información para la Gestión de Personas sin Hogar (HMIS) se identificó como importante para evaluar el rendimiento de los programas y garantizar el uso responsable de los recursos federales.

Los entrevistados expresaron su preocupación por cualquier disminución en los importes actuales de la financiación federal. Los beneficiarios de los fondos YHDP temían que la eliminación de estos dólares resultara en un mosaico de servicios para jóvenes en edad de transición y señalaron que algunos proveedores de servicios para personas sin hogar estaban pausando iniciativas debido a la incertidumbre de la financiación; por ejemplo, un proveedor informó que ya no seguía adelante con los planes de comprar un nuevo edificio para servicios y vivienda para jóvenes.

Los entrevistados de los CoC que asignaron grandes porciones de su financiación federal a soluciones de vivienda expresaron una grave preocupación por el hecho de que los cambios en la financiación federal dejen huecos significativos que serían imposibles de llenar. Además, la mayoría de los entrevistados se mostraron aprensivos ante la posibilidad de que los dólares de los CoC se transformaran en una subvención en bloque, una idea propuesta por el presidente pero que aún no ha sido considerada seriamente por el Congreso. Si este cambio llegara a producirse, habría (1) preocupación por que a nivel federal la subvención se basara en fórmulas y se sesgara a favor de la agenda de la administración actual; e (2) incertidumbre sobre cómo asignarían los fondos los estados y si seguirían apoyando las operaciones y programas actuales de los CoC.

Aunque algunos entrevistados tienen acceso a dólares estatales y/o locales, estos fondos sirven en gran medida para complementar los recursos federales y cubrir los huecos de financiación. Por ejemplo, los dólares estatales y locales han permitido tradicionalmente a los CoC ampliar las soluciones para la vivienda y las personas sin hogar y/o apoyar programas piloto y estrategias innovadoras. Cuando se les preguntó si los recursos estatales o locales podrían cubrir potencialmente los huecos dejados por los recortes de financiación federal, los entrevistados señalaron que podrían proporcionar algún alivio, pero que los recursos están destinados en gran medida a programas o iniciativas específicas. Además, si los fondos locales dependen de los ingresos fiscales, los entrevistados expresaron su preocupación por que una posible recesión y la disminución del gasto local resulten en importes de financiación inferiores a los proyectados anteriormente. Los entrevistados también consideraron que la filantropía no estaría interesada en financiar las operaciones principales de los programas, ya que históricamente han invertido en apoyar las innovaciones de los programas a través de asignaciones de recursos puntuales. Aunque los entrevistados estaban abiertos a diferentes flujos de financiación, un entrevistado de un CoC compartió que estaban limitados en su capacidad para diversificar los fondos porque eran contratistas de la autoridad de vivienda pública de su estado, que funcionaba como solicitante colaborativo/agente fiscal. Este encuestado compartió que el CoC estaba estudiando la posibilidad de convertirse en una organización 501(c)(3), pero este tipo de reto puede ser aplicable a otros CoC.

III. Housing First (La Vivienda Primero)

Los entrevistados expresaron su compromiso continuo con Housing First, pero reconocieron que el principio está bajo presión. Los entrevistados ven Housing First como una práctica eficaz basada en la evidencia para abordar la falta de vivienda. Sin embargo, algunos entrevistados informaron de la oposición local y la confusión sobre el modelo, lo que se atribuyó a dos factores: (1) la creencia incorrecta de que Housing First significaba “solo vivienda”, y (2) los retos experimentados en la PSH debido a apoyos de servicios infrafinanciados o insuficientes. Un encuestado de un CoC compartió que están recibiendo un “duro golpe” con la oposición local a Housing First y cree que algunos proveedores de servicios están empezando a implementar más reglas y a denegar la vivienda a personas que creen que “no están preparadas”, una desviación fundamental de la base del enfoque Housing First.

Los entrevistados destacaron en gran medida la importancia de aumentar la educación sobre lo que implica Housing First, al tiempo que reconocieron los retos y limitaciones actuales del modelo. Varios encuestados señalaron la necesidad de que el sector reconozca abiertamente que la PSH puede carecer de apoyos de servicios suficientes y que se requieren esfuerzos adicionales para garantizar que los participantes estén conectados y reciban servicios que aborden sus necesidades de salud y de otro tipo. Un proveedor de servicios para personas sin hogar también compartió sus esfuerzos continuos para concienciar sobre la integración comunitaria una vez que las personas son alojadas, reconociendo que pueden ser necesarios nuevos modelos de servicio para garantizar que las personas estén adecuadamente integradas y apoyadas en sus nuevos lugares de residencia. No obstante, los entrevistados creían que Housing First funcionaba, pero que podría haber una necesidad de “renovar la imagen” del modelo y hablar de la estrategia dentro del contexto de las métricas de rendimiento del sistema y las prácticas basadas en la evidencia.

Los entrevistados expresaron consternación por los debates federales para alejarse de Housing First. Señalaron que durante más de una década el gobierno federal cambió el sistema de servicios para personas sin hogar hacia Housing First, y que los esfuerzos para cambiar abruptamente de estrategia serán desastrosos para el sector. Los cambios en las estrategias darán lugar a preguntas sobre cómo utilizar los recursos actuales y la infraestructura que se ha construido en torno al alojamiento permanente de las personas (por ejemplo, ¿se convierte la PSH en vivienda de transición?), y una confusión significativa sobre las formas de conciliar los dólares estatales y locales con los nuevos requisitos federales. Los entrevistados reconocieron que aumentar la capacidad de elección del cliente, como proporcionar instalaciones de vida sobria a los clientes que prefieran esas opciones, sería un cambio bienvenido, pero que tales modelos deberían añadirse a un espectro de opciones sin eliminar los programas de Housing First.

Varios entrevistados advirtieron que si el gobierno federal avanza hacia la institucionalización, los sistemas de servicios existentes carecen de capacidad para absorber la demanda. Cuando se les preguntó por la disponibilidad de programas de tratamiento por consumo de sustancias y servicios de salud mental, todos los entrevistados afirmaron que los recursos comunitarios no eran suficientes y/o que, cuando hay programas disponibles, pocos están adaptados para satisfacer las necesidades de las personas sin hogar o están dispuestos a aceptar a personas sin seguro. Como resultado, incluso cuando las personas están interesadas en recibir tratamiento, estas opciones no siempre están ahí.

IV. Medicaid y la red de seguridad federal

Los recortes o cambios en la elegibilidad para Medicaid, SNAP y otros programas de la red de seguridad se citaron como amenazas significativas. Todos los encuestados expresaron su preocupación por las personas sin hogar y las personas recientemente alojadas, que temen que pierdan apoyos fundamentales. Los encuestados expresaron su preocupación por que los cambios federales propuestos creen nuevas barreras, incluyendo papeleo adicional y procesos de inscripción más largos, lo que provocará que los participantes abandonen o decidan no participar en programas para los que cumplen los requisitos. Otros están preocupados por que la reducción de las prestaciones, como las reducciones del SNAP, cree retos financieros adicionales. Los entrevistados señalaron que los participantes de sus programas ya tienen dificultades para satisfacer sus necesidades nutricionales —especialmente aquellos con restricciones dietéticas relacionadas con problemas de salud— y expresaron su preocupación por que la reducción de las prestaciones alimentarias, junto con menos apoyos sanitarios, aumente la inestabilidad económica y empeore los resultados de salud. Los entrevistados también señalaron que las reducciones en la asistencia alimentaria darán lugar a una mayor dependencia de los bancos de alimentos. Además, los entrevistados temen que la reducción de los recursos de la red de seguridad cree una mayor presión para que los proveedores de servicios para personas sin hogar encuentren formas de cubrir los huecos.

Los entrevistados en los estados con expansión de la atención sanitaria están especialmente preocupados por los cambios en Medicaid, que ahora es una fuente de financiación importante para los sistemas de servicios para personas sin hogar. Los dólares de Medicaid cubren una gama de servicios, incluyendo la gestión de casos, la salud conductual y los apoyos para el mantenimiento del alquiler. En los estados con expansión, los CoC están aprovechando los dólares de Medicaid para financiar servicios para la PSH y han confiado en los dólares de la atención sanitaria para cubrir los huecos programáticos dejados por el vencimiento de los fondos COVID. Si la cobertura sanitaria disminuye, los entrevistados en los estados con expansión temen que se pierdan recursos fundamentales para los servicios de vivienda y para personas sin hogar. Debido a la incertidumbre actual que rodea a los cambios en Medicaid y sus posibles impactos, dos entrevistados compartieron que hay una pausa en las nuevas iniciativas que aprovecharían los dólares de la atención sanitaria, específicamente las inversiones en camas de cuidados recuperativos.

Aunque la mayoría de los entrevistados expresaron incertidumbre sobre cómo responder a los próximos cambios en la red de seguridad, unos pocos describieron los pasos proactivos que sus organizaciones están tomando para prepararse. Estos incluyen:

• destacar la importancia de inscribir a todos los participantes del programa en los programas de la red de seguridad,
• revisar la orientación desarrollada durante la COVID-19 cuando se levantaron las exenciones de elegibilidad de Medicaid (cambiando los periodos de renovación de 24 meses a 12 meses),
• enseñar a los proveedores cómo convertirse en “representantes autorizados” para los participantes del programa, y
• explorar formas en que los proveedores de servicios para personas sin hogar pueden ayudar a los participantes a cumplir con los nuevos requisitos de “compromiso comunitario” de Medicaid, como trabajar, hacer voluntariado o asistir a la escuela durante al menos 80 horas al mes.

Un proveedor señaló que su organización estaba considerando crear oportunidades de voluntariado diseñadas específicamente para ayudar a los participantes a cumplir con el requisito de “compromiso comunitario” de Medicaid. No obstante, los entrevistados plantearon su preocupación por los nuevos requisitos administrativos y señalaron que mantener un contacto constante con los participantes del programa —muchos de los cuales son transeúntes— hará que la inscripción en el programa sea un reto.

V. Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) y control de la inmigración

Cuando se le preguntó sobre la DEI, un entrevistado en un estado demócrata compartió que los funcionarios estatales seguían adelante con la formación en igualdad de acceso para todos los proveedores de refugios (con el objetivo de garantizar que a nadie se le denieguen los servicios debido a factores como la raza, la etnia, el género o la discapacidad). Por el contrario, un entrevistado en un estado de tendencia republicana compartió que su estado tenía una lectura conservadora de las directrices del HUD sobre la DEI. Sin embargo, la mayoría de los encuestados señalaron que había poca orientación de los gobiernos estatales o locales sobre los cambios en la política de DEI.

Los entrevistados compartieron que estaban siguiendo las conversaciones federales sobre la limitación de los recursos federales a los ciudadanos, pero no estaban seguros de cómo se implementarían y aplicarían tales políticas. Los entrevistados señalaron que las personas sin hogar carecen con frecuencia de documentos de identidad, como DNI, números de la seguridad social o certificados de nacimiento, y que solicitarlos para entrar en un refugio o recibir servicios de emergencia creará barreras innecesarias para todas las personas altamente vulnerables.

VI. Cambios tras la decisión de Grants Pass

Tras la decisión del Tribunal Supremo sobre Grants Pass, los entrevistados describieron respuestas locales divergentes. En algunas jurisdicciones, el fallo provocó un cambio hacia un aumento de los desalojos de campamentos. Estos desalojos fueron impulsados por la presión política y pública para alejar a la gente de la vista, a menudo sin planes claros de realojamiento. Los desalojos de campamentos son enfoques caóticos y reactivos, en los que los individuos son desplazados de un barrio a otro. Las personas afectadas suelen culpar a los trabajadores de los servicios para personas sin hogar, a pesar de que estos no suelen ser responsables de las decisiones de la comunidad de desalojar los campamentos. Un encuestado señaló un aumento de la desconfianza entre los trabajadores y aquellos a quienes buscan ayudar. También existía el temor creciente de que las políticas punitivas (como encarcelar a las personas sin hogar) ganen terreno, a pesar de que las cárceles locales siguen estando sobrecargadas y mal equipadas para atender a esta población. Por el contrario, otros entrevistados informaron de cambios mínimos en la aplicación de la ley, aunque algunos municipios han introducido ordenanzas específicas, como medidas contra las acampadas dirigidas a poblaciones concretas, como los individuos con trastornos por consumo de opioides. En general, el fallo ha tenido una serie de impactos que dependen de las prioridades locales y de las opiniones sobre la criminalización.

VII. Estabilidad organizativa y resiliencia local

Se preguntó a los entrevistados cómo les iba a sus organizaciones dada la incertidumbre sobre la financiación y las políticas federales. En su mayor parte, los entrevistados compartieron que seguían funcionando como de costumbre, no queriendo hacer cambios significativos sin estar seguros de qué cambios federales se implementarán. Sin embargo, los entrevistados expresaron inquietud por seguir adelante con las ampliaciones de los programas, y varias organizaciones pausaron iniciativas, detuvieron las contrataciones o buscaron roles consolidados. Además, un entrevistado compartió que, aunque su CoC estaba contratando para puestos vacantes, los candidatos dudaban en aceptar trabajos financiados con dólares federales y que algunos empleados actuales están buscando activamente otras oportunidades debido a la ansiedad por la inseguridad laboral.

Los entrevistados expresaron un temor creciente a que los recientes progresos en la lucha contra la falta de vivienda puedan retroceder. Un entrevistado describió cómo las acciones federales y las órdenes ejecutivas han creado una confusión generalizada, y algunas partes interesadas asumen que los cambios en las políticas ya están en vigor, incluso cuando están inmersos en litigios o a la espera de orientación administrativa. La gran incertidumbre dificulta que los CoC se comuniquen claramente con los proveedores de servicios sobre cómo deben proceder. La confusión también persiste cuando las políticas estatales y locales entran en conflicto con la dirección federal.

Los posibles cambios en la financiación están haciendo que los encuestados se centren en la gestión del inventario existente en lugar de ampliar la capacidad. Los entrevistados reconocen que si las prioridades de financiación federal cambian, es posible que tengan que modificar sus ofertas de programas actuales. Por ejemplo, en lugar de centrarse en los más vulnerables, los proveedores podrían tener que atender a cualquier población a la que el gobierno federal decida dirigirse. Además, los proveedores podrían tener que considerar recortes en los programas. Como mencionó un proveedor, esto puede significar intentar centrarse en los servicios de mayor impacto y reducir otros. En este escenario, se señaló que el alcance en la calle probablemente estaría entre los primeros servicios recortados. Sin embargo, muchos encuestados siguen siendo cautelosos y prefieren esperar a una orientación federal más clara antes de realizar cambios sustanciales.

A pesar de la inestabilidad, las comunidades están intentando aprovechar el impulso y las asociaciones locales para mantener el progreso. En varias jurisdicciones están surgiendo medidas de bonos, impuestos sobre bienes inmuebles y fondos fiduciarios para la vivienda. Los líderes locales —incluidos los alcaldes— han defendido el desarrollo de la vivienda, y muchos se abstienen de la criminalización tras el caso Grants Pass. Como se ha señalado anteriormente, los entrevistados buscan actualmente centrar sus energías en la promoción y defensa, la educación local y la movilización a nivel comunitario.

VIII. Qué necesitan los CoC del liderazgo nacional

En todas las entrevistas, los participantes destacaron sistemáticamente la necesidad urgente de una orientación clara, una promoción y defensa sólidas y una comunicación proactiva por parte de los socios nacionales como la Alianza. Muchos señalaron que el momento actual se siente definido por la incertidumbre: las prioridades federales siguen sin estar claras, los cambios en la financiación se comunican mal y los CoC y los proveedores locales se ven obligados a interpretar los posibles cambios con una dirección limitada. Esta falta de claridad ha paralizado la planificación local, dificultando que las comunidades se preparen para posibles recortes. Varios entrevistados recordaron una época en la que la Alianza y el HUD trabajaban en una asociación más estrecha para emitir orientaciones coordinadas a los CoC, ayudándoles a navegar por los procesos del HUD y a optimizar las oportunidades de financiación. Expresaron el firme deseo de que vuelva ese modelo de colaboración, especialmente en un periodo en el que la confusión y la fragmentación aumentan en todo el sector. La Alianza se ha mantenido abierta a todas las colaboraciones potenciales que hagan avanzar el objetivo de acabar con la falta de vivienda.

Los entrevistados describieron una necesidad creciente de comunicación bidireccional entre la Alianza y los sistemas locales. Los líderes de los CoC dijeron que les gustaría que el liderazgo de la Alianza articulara claramente las prioridades y la estrategia de promoción y defensa de la organización. Los entrevistados pidieron una estrategia nacional unificada que alinee los mensajes. Existía la preocupación de que una comunicación fragmentada o incoherente —especialmente con los cargos electos— pueda diluir el impacto. También hay apoyo a la creación de espacios estructurados para el aprendizaje entre pares y la coordinación entre CoC, de modo que las comunidades puedan compartir información, desarrollar estrategias conjuntamente y aprender de las innovaciones de las demás. Este tipo de redes se consideraron fundamentales para hacer avanzar a un sector que, de otro modo, navega por el cambio de forma aislada. Desde el momento de estas entrevistas, la Alianza ha estado tomando medidas para responder a estas sugerencias.

Los entrevistados sugirieron que los esfuerzos de promoción y defensa defiendan la estructura de los CoC, protejan Housing First y contrarresten la desinformación sobre los programas y resultados para las personas sin hogar. Algunos entrevistados propusieron que el sector considere un cambio de imagen o un replanteamiento de Housing First, no para abandonar el modelo, sino para reforzar la comprensión pública de sus componentes y resultados positivos y promover un nuevo compromiso con sus principios. También subrayaron la importancia de basar la promoción y defensa en estrategias fundamentadas en la evidencia que destaquen la rentabilidad de la vivienda con apoyo, los beneficios comunitarios de los vales (para múltiples partes interesadas, incluidos los propietarios) y los riesgos —incluidos los económicos— de alejarse de las soluciones basadas en la evidencia.

Los entrevistados también plantearon preocupaciones significativas sobre los cambios en la política federal. Varios temían que la financiación de los CoC pudiera pasar a un sistema que pudiera verse fácilmente influenciado por la política. Otros se mostraron preocupados por la creciente desconexión entre las directrices estatales y federales —como las diferencias en las leyes de acceso a los refugios—, lo que complica el cumplimiento y genera confusión.

A pesar de la actual incertidumbre federal, muchos participantes describieron una ola emergente de compromiso local y una voluntad de actuar entre los miembros de la comunidad. Los entrevistados creen en gran medida que existe una oportunidad para fortalecer la promoción y defensa de base y buscar soluciones locales, como las inversiones municipales y estatales en vivienda y personas sin hogar. Sin embargo, los encuestados destacaron la necesidad de que los socios nacionales proporcionen las herramientas, los marcos y el apoyo en los mensajes necesarios para involucrar eficazmente a las partes interesadas. Pidieron a la Alianza que ayude a los CoC a crear coaliciones locales, movilizar a diversos aliados —incluidos grupos empresariales, religiosos y cívicos— y presentar la falta de vivienda como una responsabilidad comunitaria compartida, no como un tema partidista.

Los entrevistados ofrecieron recomendaciones prácticas sobre cómo la Alianza podría apoyar mejor al sector. Estas incluyen proporcionar actualizaciones de políticas en tiempo real y acceso a recursos de comunicación de crisis, organizar redes de aprendizaje nacionales y regionales, y crear informes orientados a la acción para guiar la promoción y defensa tanto profesional como ciudadana. Los encuestados también animaron a la Alianza a seguir sintetizando los complejos desarrollos federales en orientaciones claras y prácticas, y a utilizar su plataforma para elevar historias que humanicen la falta de vivienda, especialmente las experiencias de personas que trabajan y están en riesgo, que pueden resonar en el clima político actual. Algunos entrevistados también recomendaron que la Alianza busque financiación específica para organizar reuniones que ayuden a los CoC y a los proveedores de servicios a planificar en torno a los cambios legislativos, alinear estrategias y fortalecer la infraestructura de promoción y defensa en todo el país.

Conclusión

El sector se encuentra en una coyuntura crucial. Las inversiones de la era COVID demostraron que se podía alojar a más personas de forma temporal y estable con la afluencia de nueva financiación y coordinación. Sin embargo, sin un compromiso federal estable, el sistema se enfrenta a una contracción y a una posible fragmentación. Preservar la infraestructura federal para las personas sin hogar —especialmente la financiación de los CoC, las soluciones de vivienda permanente y la integración de Medicaid— sigue siendo una prioridad crítica.

En todas las conversaciones, hubo una profunda sensación de que este es un momento crítico para el sector de las personas sin hogar. Los entrevistados destacaron la importancia de prepararse para posibles cambios federales hacia la vivienda de transición mediante el diseño de modelos de bajo umbral y centrados en el cliente que incorporen el apoyo entre pares y las prácticas basadas en la evidencia. Las comunidades también buscan un liderazgo que pueda unificar los mensajes, defender las prácticas basadas en la evidencia y ayudarlas a adaptarse a un entorno político impredecible sin perder de vista los objetivos a largo plazo. Los participantes ven a la Alianza en una posición única para proporcionar ese liderazgo, sirviendo tanto de conducto para la información federal como de convocante que fortalece la colaboración y la promoción y defensa colectiva.