En el verano de 2024, el fallo de la Corte Suprema en City of Grants Pass v. Johnson alentó a comunidades en todo el país a promulgar nuevas medidas que convierten el dormir en espacios públicos en un delito legalmente punible, efectivamente criminalizando la falta de vivienda. No obstante, una extensa investigación deja claro un hecho: estas leyes no reducen la falta de vivienda. En su lugar, agravan la crisis al aumentar los arrestos, crear barreras para el acceso a vivienda y servicios, y causar daños duraderos a las personas a las que se dirigen.
Esta serie de informes del Instituto de Investigación sobre la Falta de Vivienda de la Alianza resume las conclusiones de casi 100 estudios sobre el tema. Los defensores, los legisladores y los ciudadanos estadounidenses comunes deberían utilizar esta investigación para oponerse a los esfuerzos locales de criminalizar la falta de vivienda e informar sobre soluciones efectivas y humanas en su lugar.
La criminalización de la situación de indigencia empeora la crisis, muestra la investigación
La criminalización de la falta de vivienda no mejora la seguridad individual ni pública
La criminalización de la falta de vivienda perjudica la salud individual y pública
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