Declaración de Ann Oliva, Directora Ejecutiva de la Alianza Nacional para Erradicar la Falta de Vivienda; Diane Yentel, Directora Ejecutiva de la Coalición Nacional de Vivienda para Personas de Bajos Ingresos; y Peggy Bailey, Vicepresidenta de Vivienda y Seguridad de Ingresos del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas
Incluso en un país dividido, podemos coincidir en que la falta de vivienda es terrible, especialmente en un país tan rico como el nuestro. También deberíamos estar de acuerdo en las soluciones que han demostrado una y otra vez resolver la falta de vivienda.
El 22 de abril, las soluciones a la falta de vivienda se pondrán de manifiesto cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos escuche el caso más importante en décadas que influye en cómo las comunidades tratan a sus residentes que experimentan la falta de vivienda.
En el centro del caso, Grants Pass, Oregon v. Gloria Johnson, está la cuestión de si las ciudades resuelven la falta de vivienda mediante la provisión de viviendas y los servicios de apoyo que las personas necesitan para mantenerse alojadas, o si pueden castigar a las personas que experimentan la falta de vivienda con multas y sanciones, incluso cuando la ciudad no tiene refugios para ellos.
Fundamentalmente, este caso trata sobre el tipo de comunidades que deseamos: aquellas donde nuestros residentes son tratados con dignidad y tienen un lugar seguro al que llamar hogar, o aquellas que disfrazan las duras realidades de vivir al borde castigando a los vecinos en lugar de ayudarlos.
Los líderes en Grants Pass están más interesados en el castigo.
En lugar de convertir espacios no utilizados en viviendas, abordar los altos alquileres que expulsan a las personas de sus hogares y proporcionar a las personas los servicios que necesitan para estar saludables, los funcionarios de Grants Pass han optado por multar a las personas con $375 por dormir al aire libre. La multa aumenta a $540 cuando la persona inevitablemente no puede pagar y rápidamente se eleva a miles de dólares.
En un caso, Grants Pass impuso $6,000 en multas y sanciones a la residente Helen Cruz cuando ya no podía pagar su apartamento y tuvo que vivir en la calle. Los funcionarios de la ciudad han dejado claro que su objetivo no es resolver la falta de vivienda, sino hacer que la vida sea mucho más difícil para las personas que duermen en las calles para que se vayan a otro lugar.
Este enfoque equivocado se trata más de eliminar a las personas de la vista que de cumplir con el deber de los líderes hacia todos sus ciudadanos, con o sin hogar. Y peor aún, perpetúa un ciclo de falta de vivienda y desesperación que hace que el problema sea más difícil de resolver.
También ignora las causas subyacentes. La grave falta de viviendas de alquiler asequibles está impulsando el aumento de la falta de vivienda en todo el país. En 2022, más de 12 millones de hogares gastaron más de la mitad de sus ingresos en alquiler. Los hogares que ganan menos de $30,000 al año enfrentaron los peores problemas de asequibilidad.
Muchos no pueden permitirse una vivienda en absoluto. En una sola noche de enero de 2023, 653,000 personas estaban experimentando la falta de vivienda en los Estados Unidos, un 12 por ciento más que el año anterior y el número más alto jamás registrado.
Los tribunales inferiores han dictaminado que castigar a las personas que experimentan la falta de vivienda por dormir al aire libre cuando no tienen otro lugar adonde ir viola la Octava Enmienda de la Constitución que prohíbe los castigos crueles e inusuales.
Si la Corte Suprema revoca el fallo de los tribunales inferiores, las personas serán castigadas porque no pueden permitirse un lugar para vivir.
Eso no tiene sentido.
Como defensores de la vivienda, sabemos —basándonos en décadas de investigación y trabajo en nuestras comunidades— que la verdadera solución a la falta de vivienda es conseguir rápidamente que las personas tengan una vivienda estable. Luego, una vez alojadas de manera estable, las personas pueden acceder a los servicios que necesitan, como atención médica, incluyendo salud mental o recuperación por uso de sustancias, y asistencia para encontrar y mantener un empleo.
Las personas son más saludables y productivas, y nuestras comunidades son más fuertes, cuando todos tienen un hogar seguro, digno y asequible.
Multar, sancionar y arrestar a las personas no hace nada para resolver la falta de vivienda, y a menudo la prolonga, a veces durante décadas. Esto afecta particularmente a las personas de color debido al racismo y la discriminación por parte de la policía, que los señala con la versión más extrema de estas prácticas punitivas, y porque ya están significativamente sobrerrepresentados entre las personas que experimentan la falta de vivienda.
La vivienda y los servicios no son soluciones rápidas o simples. Pero los funcionarios electos que argumentan que pueden multar, sancionar y arrestar para salir de este problema están jugando un juego de culpas, desviando la atención de su fracaso en hacer el trabajo necesario para resolver la falta de vivienda.
Los funcionarios electos locales se encuentran en una posición única para abordar de manera humanitaria los problemas de vivienda y ser parte de la solución.
Pueden reasignar recursos para construir y preservar viviendas para personas de todos los niveles de ingresos y eliminar las barreras que aumentan los costos de la vivienda. Pueden apoyar a las organizaciones que atienden a las personas sin hogar en sus comunidades. Y pueden utilizar su poder para abogar ante el Congreso por la financiación de estas soluciones a la escala necesaria para resolver la falta de vivienda a nivel nacional.
Algunas comunidades y funcionarios electos están realizando el trabajo y logrando un progreso enorme. Houston ha disminuido sus tasas de falta de vivienda en casi dos tercios desde 2012. La tasa de personas sin hogar que viven a la intemperie en Newark se ha reducido en más de la mitad. En Chattanooga, Tennessee, la falta de vivienda a la intemperie ha disminuido en un 40 por ciento.
Los líderes locales lograron estos éxitos trabajando en colaboración con personas que experimentan la falta de vivienda, defensores y proveedores de servicios.
Nuestras comunidades se encuentran en un momento precario. Independientemente de lo que decida el Tribunal, nuestros líderes deberían reconocer lo que está en juego y el poder que tienen para resolver la falta de vivienda de manera humanitaria con estrategias probadas que funcionan. La pregunta es: ¿lo harán?
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