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Un tribunal determina que la Administración Trump-Vance vulneró la ley en su prisa por politizar las subvenciones de vivienda

La National Alliance to End Homelessness y Women’s Development Corporation logran una victoria en una demanda clave por extralimitación del poder ejecutivo

Providence, RI, 31 de marzo de 2026 — El Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Rhode Island dictaminó hoy que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. (HUD) y el secretario del HUD, Scott Turner, vulneraron la ley mediante su “imposición chapucera de caprichos políticos” al aprobar nuevas restricciones de financiación que habrían condicionado de forma ilegal el acceso a subvenciones federales de vivienda al cumplimiento de la agenda partidista de la Administración Trump-Vance.

La decisión emitida hoy en National Alliance to End Homelessness v. Turner, et al., es una victoria para The National Alliance to End Homelessness y Women’s Development Corporation, que presentaron una demanda el pasado septiembre impugnando las restricciones de las subvenciones. Las organizaciones están representadas en este asunto por Democracy Forward, National Homelessness Law Center, Lawyers’ Committee for Rhode Island y la ACLU Foundation of Rhode Island.

«Esta sentencia es una victoria para las personas de todo el país que han superado el sinhogarismo y se han estabilizado en los programas de vivienda permanente del HUD», dijo Ann Oliva, directora ejecutiva (CEO) de la National Alliance to End Homelessness. «La noticia de hoy refuerza una verdad fundamental: el trabajo para acabar con el sinhogarismo no es partidista, y nunca debería interferirse por motivos políticos. En nombre de las personas y los proveedores a quienes servimos, la National Alliance to End Homelessness se compromete a seguir plantando cara a los intentos de desmantelar la respuesta al sinhogarismo en Estados Unidos».

«La solución al sinhogarismo es una vivienda estable, predecible y permanente», dijo Frank Shea, director ejecutivo de Women’s Development Corporation. «Las organizaciones que proporcionan esta vivienda necesitan programas justos y previsibles, libres de criterios politizados. Nos alegra que el tribunal esté de acuerdo. Nuestros vecinos y vecinas que necesitan vivienda no merecen menos».

La demanda, presentada ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Rhode Island, sostenía que los criterios recientemente impuestos por el HUD para las subvenciones “Continuum of Care (CoC) Builds” eran ilegales. Esta es la tercera vez que el HUD publica esta misma oportunidad de subvención, incluso después de que las adjudicaciones ya se hubieran anunciado al Congreso. Al hacerlo, el HUD introdujo criterios políticos extremos en la solicitud. Con las nuevas normas de solicitud de financiación, se impidió que los proveedores de servicios y las comunidades solicitaran fondos federales de vivienda para nueva Vivienda de Apoyo Permanente para personas y familias que experimentan sinhogarismo si operan en jurisdicciones con políticas que la Administración Trump-Vance desaprueba. Esto incluye estados y ciudades con protecciones de “santuario” y ciudades que criminalizan acampar en espacios públicos. Los nuevos criterios de financiación también habrían descalificado a organizaciones que prestan servicios considerados de “reducción de daños”, como prácticas de consumo seguro de drogas, y a aquellas que tienen políticas inclusivas para las personas transgénero.

La sentencia de hoy declara ilegales el aviso que anunciaba las oportunidades de financiación, los nuevos criterios políticos utilizados por el HUD al decidir conceder subvenciones y el plazo de solicitud de una semana, y ordena anular y dejar sin efecto dichas políticas. Además, el tribunal ordenó que la financiación ya consignada siga disponible para su adjudicación, de conformidad con la orden del tribunal.

«Durante más de tres décadas, el gobierno federal ha apoyado a proveedores de vivienda y comunidades a través de los programas del HUD para ayudar a las personas que experimentan sinhogarismo a acceder a una vivienda estable», dijo Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva (CEO) de Democracy Forward. «Nos honra haber trabajado con estos valientes demandantes y con el equipo de coabogados para exigir responsabilidades a esta Administración por sus acciones ilegales, y nos complace que el tribunal haya impedido que la Administración Trump-Vance mantenga como rehén una financiación que salva vidas para imponer una agenda política».

«Cientos de miles de personas sin hogar necesitan vivienda y apoyos para sobrevivir. En lugar de seguir la directriz del Congreso de aumentar esa oferta de vivienda de apoyo, esta Administración manipuló ilegalmente un proceso de concesión de subvenciones que solo habría empeorado el sinhogarismo en todo el país», dijo Antonia Fasanelli, directora ejecutiva del National Homelessness Law Center. «Nos honró representar a la National Alliance to End Homelessness y trabajar con nuestros estimados coabogados para evitar que la Administración impusiera una agenda ideológica en un programa cuyo objetivo es salvar vidas».

«El Lawyers’ Committee for Rhode Island seguirá luchando por los habitantes de Rhode Island siempre que y como sea que la Administración Trump los amenace con acciones ilegales», dijo Amy Romero, asesora jurídica principal de Lawyers’ Committee for Rhode Island. «Estamos satisfechos con la decisión de este tribunal, que reconoce que esta Administración vulneró la ley al imponer sus caprichos políticos sobre fondos federales destinados a atender las necesidades de personas y familias que experimentan sinhogarismo».

«La distorsión del proceso de subvenciones por parte del gobierno federal para obtener beneficios políticos e ideológicos flagrantes puso en riesgo la financiación de servicios que salvan vidas», dijo Steven Brown, director ejecutivo de la ACLU de Rhode Island. «Estamos enormemente satisfechos de que organizaciones de Rhode Island como Women’s Development Corporation puedan recibir financiación federal gracias a la decisión del tribunal».

Los demandantes están representados por Kristin Bateman, Yenisey Rodríguez, Kristen Miller y Robin Thurston, de Democracy Forward; Amy Romero y Kevin Love Hubbard, por el Lawyers’ Committee for Rhode Island; Antonia Fasanelli, del National Homelessness Law Center; y Lynette Labinger, por la ACLU Foundation of Rhode Island.

Lee la orden de hoy aquí y la presentación original aquí.

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