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El tribunal da la razón a la coalición que impugna los últimos intentos de politizar las subvenciones de financiación para abordar el sinhogarismo

El tribunal bloquea el último anuncio ilegal de financiación para abordar el sinhogarismo

Providence, R.I, 7 de agosto de 2026 — Una amplia coalición de gobiernos locales y organizaciones sin ánimo de lucro ha triunfado en su impugnación del intento más reciente de la administración Trump-Vance de interrumpir la financiación federal destinada a las personas que intentan salir del sinhogarismo. Aunque un tribunal ya había paralizado las restricciones ilegales a la financiación federal para abordar el sinhogarismo, la administración volvió a intentar introducir cambios que expulsarán a la gente de la vivienda permanente y la devolverán a la calle. Hoy, el tribunal ordenó al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. (HUD) dejar sin efecto la emisión de su Aviso de Oportunidad de Financiación (NOFO) de 2026, bloqueando de facto la instrumentalización ilegal de la financiación pública.

En un escrito, en National Alliance to End Homelessness et al v. HUD et al, la National Alliance to End Homelessness (NAEH), la National Low Income Housing Coalition (NLIHC), Crossroads Rhode Island, Youth Pride, Inc., así como el condado de Santa Clara, Calif., el condado de King, Wash., Boston, Mass., Cambridge, Mass., Nashville, Tenn., y Tucson, Ariz., pidieron al tribunal que detuviera la implementación del NOFO del HUD para las subvenciones del Continuum of Care (CoC) del ejercicio fiscal 2026 (FY 2026), el programa nacional de más de 4.000 millones de dólares para apoyar los esfuerzos por acabar con el sinhogarismo.

El tribunal concedió hoy la solicitud, escribiendo: «La revisión del expediente y de los argumentos de las partes por parte del Tribunal revela que la emisión por parte del HUD del NOFO de 2026 vulnera la [Ley de Procedimiento Administrativo] debido a que el HUD no llevó a cabo el proceso de notificación y comentarios exigido por la [ley]».

«Las comunidades de todo el país — en estados tanto republicanos como demócratas — dependen del gobierno federal para respaldar oportunidades de financiación inteligentes, estratégicas, legales y basadas en la evidencia que apoyen sus esfuerzos por acabar con el sinhogarismo. Esta decisión refuerza aún más que esta administración ha incumplido repetidamente esa responsabilidad», dijo Ann Oliva, directora ejecutiva de la National Alliance to End Homelessness. «En nombre de los proveedores, los líderes del sistema y las personas que viven el sinhogarismo a quienes representamos, aplaudimos la decisión del Tribunal».

La decisión de hoy continúa una saga en la que las organizaciones sin ánimo de lucro han triunfado repetidamente al impugnar los esfuerzos de la administración Trump-Vance por instrumentalizar ilegalmente la financiación federal. Durante años y a través de múltiples administraciones presidenciales, el Programa CoC ha ayudado a proporcionar los recursos necesarios para que los gobiernos locales y las organizaciones financien proyectos de vivienda permanente para veteranos, personas mayores, personas con discapacidad y personas y familias con menores que viven el sinhogarismo. Siempre ha sido obligación del HUD poner estos recursos a disposición de forma oportuna mediante una convocatoria NOFO del Programa CoC conforme a la ley. Sin embargo, el HUD intentó trastocar radicalmente este programa crítico con un NOFO del ejercicio fiscal 2025 (FY 2025) que amenazaba con empujar a casi 200.000 estadounidenses al sinhogarismo.

La coalición detrás de la exitosa intervención judicial de hoy emprendió acciones legales para detener el NOFO emitido en 2025 y, en diciembre de 2025, un juez federal concedió medidas cautelares, que bloquearon temporalmente los intentos de la administración de aplicar las restricciones ilegales e irrazonables que pretendían desviar la financiación de soluciones probadas frente al sinhogarismo. Finalmente, el Congreso intervino y exigió al HUD renovar todas las subvenciones existentes para el ejercicio fiscal 2025 (FY 2025). El HUD aún no ha finalizado todas esas adjudicaciones del FY 2025, que a estas alturas llevan mucho retraso, dejando proyectos sin financiación y perturbando aún más el programa emblemático del país de respuesta al sinhogarismo. En última instancia, el tribunal dictó una decisión final concluyendo que los NOFO del año pasado eran inválidos.

El NOFO de 2026 presenta muchas similitudes con las versiones que el tribunal ya determinó que eran ilegales. Sin autorización, el NOFO del ejercicio fiscal 2026 (FY 2026) reservó la enorme cifra de 1.300 millones de dólares —casi un tercio de los fondos disponibles— solo para proyectos nuevos, pese a la orden del Congreso de que los fondos asignados estuvieran disponibles para renovar proyectos existentes, y pese a que esta reserva garantiza que un número significativo de proyectos existentes no podrá optar a la renovación, por muy eficaces que sean. Peor aún, esta reserva masiva se destina principalmente a estrategias no probadas, en detrimento de la vivienda permanente que el Congreso ordenó al HUD priorizar. Además, el NOFO intentó obligar a los beneficiarios de subvenciones a aceptar el cumplimiento de requisitos que poco o nada tienen que ver con el programa CoC, entre ellos comprometerse a acatar órdenes ejecutivas que, entre otras cosas, buscan erradicar iniciativas legales de diversidad, equidad e inclusión; rechazar las identidades de las personas transgénero y no binarias; y coaccionar a las jurisdicciones para que colaboren con la aplicación federal de las leyes de inmigración.

Democracy Forward y la ACLU Foundation of Rhode Island representan a la coalición de organizaciones sin ánimo de lucro en el asunto; el National Homelessness Law Center representa a la NAEH y la NLIHC; Public Rights Project representa a las ciudades de Boston y Cambridge, al condado de King, a Nashville y a Tucson; y el condado de Santa Clara se representa a sí mismo. The Lawyers’ Committee for Rhode Island representa a todos los demandantes. El equipo jurídico de Democracy Forward en este asunto incluye a Kristin Bateman, Madeline Gitomer, Christine Coogle, Carrie Flaxman y Robin Thurston.

Las citas de los demandantes y de los coabogados sobre la decisión de hoy están disponibles aquí.


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