Providence, R.I., 22 de junio de 2026 — Una amplia coalición de gobiernos locales y organizaciones sin ánimo de lucro ha desafiado el último intento de la administración Trump-Vance de interrumpir la financiación federal para personas que intentan salir del sinhogarismo. Aunque el tribunal había detenido previamente restricciones ilegales sobre la financiación federal contra el sinhogarismo, la administración está realizando de nuevo cambios que expulsarán a personas de viviendas permanentes y las devolverán a las calles.
En una presentación complementaria hoy en National Alliance to End Homelessness et al v. Turner et al, la National Alliance to End Homelessness (NAEH), la National Low Income Housing Coalition (NLIHC), Crossroads Rhode Island, Youth Pride, Inc., así como el condado de Santa Clara, California, el condado de King, Washington, Boston, Massachusetts, Cambridge, Massachusetts, Nashville, Tennessee y Tucson, Arizona, están solicitando a un tribunal que detenga la implementación del aviso de oportunidad de financiación (NOFO) del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. (HUD) para las subvenciones del Continuum of Care (CoC) del año fiscal 2026, el programa de más de 4.000 millones de dólares del país para apoyar los esfuerzos por acabar con el sinhogarismo. El nuevo NOFO repite una serie de defectos legales fatales que llevaron a un tribunal a detener la implementación del NOFO de 2025.
Consulta las declaraciones de los demandantes sobre la presentación de hoy aquí.
La presentación de hoy continúa una saga en la que las organizaciones sin ánimo de lucro han triunfado repetidamente al desafiar los esfuerzos de la administración Trump-Vance por utilizar ilegalmente la financiación federal como arma. Durante años y a través de múltiples administraciones presidenciales, el Programa CoC ha ayudado a proporcionar los recursos necesarios para que los gobiernos locales y las organizaciones financien proyectos de vivienda permanente para veteranos, personas mayores, personas con discapacidad e individuos y familias con niños que experimentan sinhogarismo. Siempre ha sido obligación del HUD liberar estos recursos de manera oportuna a través de un NOFO de competición del Programa CoC legal. Sin embargo, el HUD intentó alterar radicalmente este programa crítico con un NOFO del año fiscal 2025 que amenazaba con empujar a casi 200.000 estadounidenses al sinhogarismo. La coalición que presenta la denuncia complementaria de hoy emprendió acciones legales para detener el NOFO emitido en 2025, y en diciembre de 2025, un juez federal concedió una medida cautelar preliminar que bloqueó temporalmente los intentos de la administración de implementar las restricciones ilegales e irrazonables que buscaban desviar la financiación de soluciones probadas contra el sinhogarismo. Finalmente, el Congreso intervino y exigió al HUD que renovara todas las subvenciones existentes para el año fiscal 2025. El HUD todavía no ha finalizado esas adjudicaciones del año fiscal 2025 que ya llevan mucho retraso, dejando proyectos sin financiación y alterando aún más el programa insignia de respuesta al sinhogarismo del país.
El nuevo NOFO publicado para 2026 presenta muchas similitudes con la versión que el tribunal ya determinó que probablemente era ilegal. Sin autorización, el NOFO del año fiscal 2026 reserva la impresionante cantidad de 1.300 millones de dólares, casi un tercio de los fondos disponibles, solo para nuevos proyectos, a pesar de la orden del Congreso de que los fondos asignados estén disponibles para renovar proyectos existentes, y a pesar de que esta reserva garantiza que un número significativo de proyectos existentes no serán elegibles para renovación, sin importar su eficacia. Peor aún, esta enorme reserva está destinada principalmente a estrategias no probadas, en detrimento de la vivienda permanente que el Congreso ordenó al HUD priorizar. El NOFO además obliga a los beneficiarios a comprometerse a cumplir con requisitos que tienen poco o nada que ver con el programa CoC, incluyendo el compromiso de adherirse a órdenes ejecutivas que, entre otras cosas, buscan erradicar iniciativas legales de diversidad, equidad e inclusión; rechazar las identidades de personas transgénero y no binarias; y coaccionar a las jurisdicciones para que ayuden con la aplicación federal de la ley de inmigración.
Democracy Forward y la ACLU Foundation of Rhode Island representan a la coalición de organizaciones sin ánimo de lucro en el asunto; el National Homelessness Law Center representa a NAEH y NLIHC; Public Rights Project representa a las ciudades de Boston, Cambridge, el condado de King, Nashville y Tucson; y el condado de Santa Clara se representa a sí mismo. El Lawyers’ Committee for Rhode Island representa a todos los demandantes.
Las declaraciones de los demandantes y coabogados sobre la presentación original están disponibles aquí.
Lee la denuncia complementaria de hoy aquí.
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