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Un tribunal federal anula las restricciones ilegales de la administración Trump-Vance a la financiación del sinhogarismo

Providence, R.I., 20 DE NOVIEMBRE DE 2025 — El Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito de Rhode Island ha fallado hoy a favor de los demandantes en el caso National Alliance to End Homelessness v. HUD, anulando disposiciones clave del intento de la administración Trump-Vance de reformar la financiación federal para el sinhogarismo e imponer restricciones ilegales a las comunidades y proveedores de servicios. El tribunal determinó que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE. UU. (HUD) excedió su autoridad legal y violó la ley federal al imponer criterios de financiación que priorizaban la agenda política de la administración sobre los requisitos establecidos por el Congreso.

El fallo impide que el HUD reserve 1.300 millones de dólares en financiación federal para priorizar nuevos proyectos de vivienda de transición y servicios de apoyo a expensas de los programas existentes de vivienda permanente. El tribunal también anuló otras restricciones ilegales, incluidos los criterios que penalizaban a los proveedores por no exigir servicios como condición para acceder a la vivienda y las disposiciones que desincentivaban las prácticas de reducción de daños.

La decisión supone una victoria significativa para las comunidades y organizaciones que trabajan para abordar el sinhogarismo y proteger el acceso a una vivienda segura y estable. Exige que el HUD permita a los solicitantes volver a pedir ciertas categorías de financiación, que ahora deberán concederse basándose en criterios legales.

Una amplia coalición de demandantes impugnó los requisitos de financiación del Continuum of Care (CoC) de 2026 de la administración Trump-Vance, que pretendían desviar los recursos federales de estrategias probadas para abordar el sinhogarismo, como los programas de vivienda permanente, hacia enfoques favorecidos por la administración. Los demandantes argumentaron que los nuevos criterios amenazaban los programas de vivienda existentes, socavaban la capacidad de las comunidades locales para responder al sinhogarismo e imponían condiciones que excedían la autoridad legal del HUD.

En su decisión, el tribunal concluyó que el HUD no podía ignorar los requisitos del Congreso ni imponer restricciones sin considerar adecuadamente sus consecuencias para los proveedores de servicios y las personas a las que atienden.

La coalición emitió la siguiente declaración conjunta:

“Celebramos el fallo de hoy que rechaza el intento ilegal de la administración Trump-Vance de redirigir fondos críticos para el sinhogarismo y obligar a las comunidades a abandonar los enfoques que mejor funcionan para las personas a las que sirven. Los recursos federales de vivienda deberían ayudar a las personas a encontrar seguridad y estabilidad, no imponer una agenda política a las organizaciones que realizan un trabajo vital.

“La decisión de hoy protege la capacidad de las comunidades y los proveedores de servicios para competir de manera justa por una financiación esencial sin ser penalizados por proporcionar vivienda permanente, respetar las necesidades de los supervivientes de violencia doméstica o utilizar prácticas basadas en evidencias para mantener a las personas a salvo. En un momento en que tantas personas luchan por encontrar y mantener una vivienda estable, estos recursos son demasiado importantes para estar ligados a restricciones arbitrarias e ilegales”.

La coalición que respalda el caso incluye a la National Alliance to End Homelessness (la Alliance), la National Low Income Housing Coalition (NLIHC), Crossroads Rhode Island, Youth Pride, Inc., así como al condado de Santa Clara (California), el condado de King (Washington), Boston (Massachusetts), Cambridge (Massachusetts), Nashville (Tennessee) y Tucson (Arizona). Democracy Forward y la ACLU Foundation de Rhode Island representan a la coalición de organizaciones sin ánimo de lucro en el asunto; el National Homelessness Law Center representa a la Alliance y a la NLIHC; Public Rights Project representa a las ciudades de Boston y Cambridge, al condado de King, a Nashville y a Tucson; y el condado de Santa Clara se representa a sí mismo. El Lawyers’ Committee de Rhode Island representa a todos los demandantes.

Lee la decisión aquí.


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