Informe Pulse (Parte 2)

Los servicios para personas sin hogar atraviesan actualmente aguas turbulentas. La administración Trump está desmantelando años de avances en este ámbito al recortar la financiación y reducir drásticamente la atención nacional puesta en alojar a las personas de forma permanente. Además, está contribuyendo a un creciente movimiento que busca criminalizar la falta de vivienda. En medio de estos cambios, la Alliance decidió consultar periódicamente a los Continuums of Care (CoC) y a los proveedores de servicios de todo el país para conocer su opinión sobre lo que está ocurriendo y su impacto.

Este informe es la segunda entrega de la serie Pulse Check, cuya primera parte se publicó a principios de este año. Esta nueva encuesta nacional llegó a 427 líderes de organizaciones de Continuum of Care (CoC) y proveedores de servicios, que representan a 44 estados, el Distrito de Columbia y territorios de EE. UU.

La Alliance constató que los CoC y los proveedores están sometidos a una enorme presión relacionada con la financiación y las políticas. Estas circunstancias ya están limitando los servicios disponibles para las personas sin vivienda y perjudicando los esfuerzos por acabar con la falta de hogar.

Problemas de financiación

La etapa actual de los servicios para personas sin hogar está marcada por importantes problemas de financiación derivados de las medidas de la administración Trump:

• Interrupciones en los procesos. El HUD ha retrasado los pagos a las entidades beneficiarias de ayudas para personas sin hogar, desafiando en ocasiones órdenes judiciales. Ha establecido plazos de solicitud de subvenciones considerablemente más cortos y difíciles de cumplir. Ha suspendido por completo la financiación de una gran ciudad. Los recortes masivos de personal en el HUD han perjudicado su funcionamiento, incluida su capacidad para revisar solicitudes de subvención y pagar a las entidades beneficiarias. Y el cierre del gobierno en 2025 no ayudó. Este tipo de situaciones se han dado en distintas agencias y programas del gobierno federal y siguen aumentando. Una organización de control calcula unas pérdidas de financiación a nivel nacional de 177.000 millones de dólares, que afectarán a un amplio abanico de sectores.
• Esfuerzos por cambiar las políticas. Desde que asumió el cargo, la administración Trump ha intentado desviar el enfoque de los servicios para personas sin hogar, alejándolo de la vivienda permanente. Los cambios que pretende introducir obligan a los proveedores a buscar nuevos fondos con urgencia para mantener alojadas a unas 97.000 personas que antes no tenían hogar.
• Presupuesto federal. A través de sus presupuestos, la administración anunció su intención de recortar la financiación global de las subvenciones para la asistencia a personas sin hogar en 27 millones de dólares en el año fiscal 2026 y en 400 millones de dólares en el año fiscal 2027. Sin embargo, el Congreso aún no ha aplicado estas propuestas. Estas, junto con la nueva política que desvía los recursos de la vivienda permanente hacia la vivienda temporal, amenazan la seguridad económica de los proveedores de servicios.

En este contexto, la Alliance preguntó a los Continuums of Care y a los proveedores de servicios qué opinaban sobre el estado actual de la financiación destinada a la asistencia a personas sin hogar.

Muy preocupados

Al preguntarles sobre posibles recortes en la financiación federal, un abrumador 96 % de los CoC y proveedores de servicios expresó algún grado de preocupación. Un 86 % afirmó estar «muy preocupado».

Cabe destacar que el sector participa de forma significativa en los programas federales de asistencia a personas sin hogar. Entre los proveedores de servicios encuestados, el 71 % recibe fondos del programa CoC, y el 43 % recibe fondos del Emergency Solutions Grant (ESG). Como resultado, las interrupciones en la financiación de los programas federales se sienten de forma generalizada.

Preocupación por las personas y los esfuerzos para reducir la falta de hogar

Medios de comunicación locales han informado de que organizaciones en estados como Texas, Oklahoma, Iowa, New Hampshire, Colorado y California se han enfrentado a dificultades de financiación federal que estaban interrumpiendo (o amenazando con interrumpir) la vivienda y los servicios, o generando una presión considerable sobre el personal. Por ejemplo, algunos proveedores estaban suspendiendo el pago de alquileres para personas con discapacidad o previendo la necesidad de solicitar préstamos para hacer frente a los retrasos en la financiación federal.

De hecho, la encuesta nacional de la Alliance sugiere que este tipo de dificultades son generalizadas. El 66 % de los líderes de los CoC afirmó que la incertidumbre en la financiación federal ya estaba afectando negativamente a la capacidad de su comunidad para alojar a las personas y reducir la falta de hogar.

Un factor importante que influye en el objetivo de reducir la falta de hogar es la capacidad de mantener servicios esenciales como la vivienda y el tratamiento de salud mental. El 47 % de los líderes de los CoC afirmó que algunas organizaciones de su comunidad ya habían recortado servicios esenciales debido a la incertidumbre en la financiación federal. Otro 46 % anticipó que esto ocurriría en el futuro. Cuando se recortan los servicios esenciales, las personas quedan sin alojamiento y los esfuerzos por reducir la falta de hogar sufren reveses.

El personal es otro factor que puede frenar los esfuerzos por alojar a las personas de forma permanente. Quienes tienen necesidades complejas, incluido el hecho de superar el trauma de la falta de hogar, se benefician de relaciones sólidas entre el personal de los proveedores de servicios y los clientes. Sin embargo, el 29 % de los proveedores de servicios afirma haber ralentizado la contratación debido a la incertidumbre en la financiación federal, y el 14 % ha despedido a trabajadores. Además, cuando los trabajadores perciben que los líderes están luchando por llegar a fin de mes, a veces abandonan sus puestos en busca de un empleo más estable. Estos problemas emergentes de personal perjudican los esfuerzos por atender las necesidades de los clientes y reducir la falta de hogar.

Causas de preocupación

Sin duda, las medidas de la administración Trump desempeñan un papel importante en los actuales problemas de financiación. Se han propuesto recortes directos a los programas de subvenciones para la asistencia a personas sin hogar. Además, los líderes tanto de los CoC como de las organizaciones proveedoras de servicios señalan otros factores que contribuyen a la incertidumbre en la financiación.

El factor de estrés más citado es el objetivo de la administración de desviar recursos de la vivienda permanente, incluido en un anuncio de subvenciones de 2026 (el «NOFO») utilizado para solicitar solicitudes de financiación federal. Este cambio pendiente deja a los CoC y a los proveedores preocupados por la necesidad de sustituir los recursos que actualmente mantienen alojadas de forma permanente a unas 97.000 personas. Además de las personas que podrían perder su vivienda, las organizaciones podrían perder subvenciones esenciales. Entre las posibles consecuencias se encuentran la necesidad de diseñar difíciles cambios de programa, despedir a empleados, reducir operaciones o cerrar sus puertas.

Además, el 49 % de los proveedores de servicios y el 64 % de los líderes de los CoC afirmaron que el retraso de la administración Trump en la transferencia de los fondos de subvenciones concedidas para la asistencia a personas sin hogar está contribuyendo a la incertidumbre en la financiación.

Más allá de la financiación federal bajo la administración Trump, un número considerable de encuestados mostró preocupación por los recortes procedentes de los gobiernos estatales y locales, así como de fuentes privadas como las fundaciones.

Alejándose de la vivienda permanente

Estados Unidos tiene un problema: demasiadas personas no tienen vivienda. Ofrecer vías para acceder a una vivienda segura es una solución clara. Por ello, el Congreso creó el programa federal Continuum of Care para «realojar rápidamente a las personas y familias sin hogar».

Sin embargo, a través del proceso de concesión de subvenciones, la administración Trump ha manifestado su intención de alejarse de este principio fundamental de los servicios para personas sin hogar. Quiere que más personas accedan a la vivienda temporal, a la vez que desvía los recursos existentes de la vivienda permanente, lo que pone en riesgo de volver a quedarse sin hogar a unas 97.000 personas. La encuesta de la Alliance preguntó al sector sobre este cambio de política y sus implicaciones.

Agitación y confusión

Estos cambios llevaron al HUD a modificar los criterios utilizados para conceder los fondos del programa CoC. Aunque la mayoría de los líderes de los CoC y de los proveedores de servicios afirman haber entendido los cambios administrativos y sus implicaciones, el 35 % dijo que solo los entendía «en parte» y el 5 % afirmó que «realmente no los entiende». El abandono de las normas de financiación anteriores ha generado confusión y ha supuesto una carga adicional para quienes son responsables de aplicar los programas para personas sin hogar.

Gestionar el cambio

El anuncio de financiación del HUD para 2026 destinado al programa CoC (es decir, el NOFO) impondría nuevos límites a las cantidades que se pueden destinar a la vivienda permanente. Al responder a la encuesta de la Alliance, los líderes de los CoC predijeron cómo gestionarían la pérdida de estos recursos. Una amplia mayoría (82 %) afirmó que algunas personas actualmente alojadas perderían sus subsidios de vivienda. Pocos creían que otras fuentes (gobiernos estatales/locales y el sector privado) pudieran ayudar a sustituir los fondos perdidos destinados a la vivienda permanente.

Los proveedores de servicios expresaron opiniones similares. El 50 % afirmó que tendría que reducir la cantidad de vivienda que podría ofrecer a las personas que han pasado por una situación de falta de hogar. También dudaban de que otros tipos de financiadores fueran suficientes para cubrir las carencias de vivienda causadas por estos cambios federales. Algunos (44 %), aunque no todos, indicaron que realizarían el trabajo de reorientar sus operaciones hacia otros tipos de servicios o programas (probablemente formas de vivienda temporal).

Consecuencias finales

La pérdida de subsidios de vivienda y de servicios no será el final de la historia. Las personas tendrán que vivir con las consecuencias, muchas de las cuales son personas con discapacidad, personas mayores y familias. El 61 % de los proveedores de servicios espera que el resultado más habitual sea el regreso a la falta de hogar, mientras que solo el 1 % afirma que las personas encontrarán soluciones de vivienda por sí mismas.

No es de extrañar que los líderes de los CoC afirmen de forma abrumadora (el 85 % de los encuestados) que los cambios de la administración Trump harán aumentar la falta de hogar, dado que otras previsiones apuntan a que el cambio de política de la administración Trump reducirá la disponibilidad de vivienda permanente y aumentará los retornos a la falta de hogar. Y, por desgracia, solo una pequeña minoría (3 %) cree que este cambio realmente reducirá el número de personas que viven sin hogar.

Los recortes en Medicaid dificultan aún más acabar con la falta de hogar

Los recortes y cambios en Medicaid agravarán los problemas existentes relacionados con el acceso a la atención médica, especialmente para las personas sin hogar. La Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio de 2014 y los cambios de 2023 en las normas de elegibilidad de Medicaid ampliaron significativamente la cobertura de seguro médico para los estadounidenses con bajos ingresos. Sin embargo, en 2025, el Congreso aprobó una ley (la «One Big Beautiful Bill Act») que impuso nuevos obstáculos para acceder a Medicaid y dificultó que los estados financiaran el programa. Se prevé que los estados reduzcan el número de servicios cubiertos, trabajadores sanitarios y personas inscritas. En total, se espera que al menos 7,5 millones de personas pierdan la cobertura debido a estos cambios.

Uno de los principales cambios en Medicaid es la incorporación de requisitos de «participación comunitaria» para mantener el seguro médico, que exigen trabajar 80 horas al mes o presentar documentación que acredite la imposibilidad de hacerlo. Las personas sin hogar no están exentas de este requisito. Casi todos los encuestados, tanto en la encuesta a los CoC como en la de los proveedores de servicios, creen que sus clientes se enfrentarán al menos a una barrera para cumplir estos requisitos. Por ejemplo, muchos atienden a personas en situación crónica de falta de hogar con discapacidad, y el 91 % de los proveedores de servicios afirma que los problemas de salud física y mental podrían dificultar la capacidad de algunos clientes para trabajar. Como resultado, las poblaciones más vulnerables corren el riesgo de perder el acceso al seguro médico sin que sea responsabilidad suya.

Las respuestas a la encuesta sugieren que la pérdida de cobertura sanitaria podría dificultar aún más que las personas salgan de la falta de hogar. Entre los encuestados, el 95 % de los líderes de los CoC y el 94 % de los proveedores de servicios afirman que Medicaid es al menos «bastante importante» para atender y estabilizar a sus clientes. La mayoría de los proveedores de servicios señaló que Medicaid es «fundamental» para ofrecer atención de salud mental (78 %) y atención de salud física (67 %). Además, una gran parte de los encuestados (36 %) trabaja en organizaciones que dependen de la financiación de Medicaid para ofrecer servicios relacionados con la vivienda que facilitan el pago del alquiler y la estabilidad habitacional de las personas. Los recortes en Medicaid debilitarán la capacidad de las organizaciones para prestar estos servicios a sus clientes.

Cambios infundados hacia la institucionalización

En 2025, la administración Trump emitió una orden ejecutiva que instruía a las agencias federales a tomar medidas para institucionalizar por la fuerza a las personas sin hogar y eliminar los programas de salud pública que reducen los daños a las personas que consumen drogas. Las respuestas a la encuesta plantean serias dudas sobre este enfoque, que parece dirigido a las personas que viven a la intemperie. Aunque el 52 % de los líderes de los CoC afirma que podría ser adecuado para un pequeño grupo de personas, solo el tres por ciento de los líderes de los CoC y de los proveedores de servicios cree que el tratamiento involuntario es apropiado para la mayoría. Los estudios indican que el tratamiento forzoso tiende a producir malos resultados y consecuencias perjudiciales.

El enfoque de la administración está desconectado de la realidad de las personas que luchan por acceder a la atención de salud mental en Estados Unidos. Según la investigación existente, muchas personas sin vivienda con problemas de salud mental quieren recibir tratamiento pero no pueden acceder a él. De forma similar, la encuesta de la Alliance reveló que el 59 % de los proveedores de servicios afirmó que las camas en hospitales psiquiátricos no están disponibles o rara vez lo están. El 55 % dijo lo mismo sobre las camas de tratamiento para el consumo de sustancias. Estas dificultades se ven agravadas por la persistente escasez de personal, ya que el sesenta y cinco por ciento de los proveedores coincide en que no hay suficientes trabajadores de salud mental en sus comunidades. La escasez es peor en las zonas rurales: el 67 % de los proveedores rurales afirmó que las camas psiquiátricas rara vez están disponibles o no lo están en sus comunidades, y el 77 % señaló la escasez de personal sanitario.

Las directivas federales que ordenan a los proveedores de servicios institucionalizar a más personas no resolverán esta escasez. No se puede obligar a las personas a ocupar camas de tratamiento que no existen. Los responsables políticos deberían trabajar con rapidez para hacer que la atención de salud mental sea más accesible, pero los proveedores de servicios coinciden en que el tratamiento forzoso no es una solución seria.

El gobierno federal también está intentando alejarse de prácticas con una eficacia probada para promover la salud, al eliminar, recortar o retrasar la financiación de programas que proporcionan medicación para revertir sobredosis, medicación para la adicción, jeringuillas limpias y otros recursos que favorecen la recuperación y ayudan a mantener a las personas a salvo. El 76 % de los líderes de los CoC cree que estas medidas obligarán a las personas a permanecer sin hogar durante más tiempo. Una vez más, la investigación respalda la opinión de los encuestados de que los programas de reducción de daños facilitan el acceso al tratamiento y ayudan a las personas a mantenerse alojadas.

Las políticas de criminalización socavan el progreso

En junio de 2024, el Tribunal Supremo de EE. UU. emitió su sentencia en el caso City of Grants Pass v. Johnson. Este fallo ha dado permiso a jurisdicciones de todo el país para sancionar a las personas que viven a la intemperie, incluso cuando no hay refugio disponible. La orden ejecutiva de Trump sobre la falta de hogar en 2025 fomentó aún más este tipo de políticas. Como resultado, los esfuerzos por criminalizar la falta de hogar se han multiplicado en todo el país.

Las respuestas a la encuesta Pulse Check actual de la Alianza coinciden con los hallazgos de la encuesta Pulse Check anterior, que documentó la expansión de estas políticas y los efectos negativos que tienen en los esfuerzos por acabar con la falta de vivienda.

Cabe destacar que la mayoría de los proveedores (50 por ciento) afirmó que las políticas punitivas desplazan a las personas y dificultan atenderlas, prolongando las situaciones de crisis. El sesenta y nueve por ciento de los líderes de los CoC también ha observado que estas políticas están vinculadas a un aumento de la animadversión pública hacia las personas sin vivienda. Solo uno de cada cuatro de estos líderes de CoC afirmó que el castigo se ha relacionado con un mayor acceso a vivienda y servicios orientados a acabar con la falta de vivienda.

En lugar de resolver los problemas, este giro hacia la culpabilización y el castigo obliga a los clientes a esconderse, aumenta el miedo entre las personas sin vivienda y dificulta que los proveedores les ayuden a acceder a una vivienda.

Preocupaciones sobre Subpoblaciones

La convocatoria de financiación de HUD para 2026 destinada al Programa CoC (“la NOFO”) puso el foco en determinadas subpoblaciones, concretamente en personas migrantes indocumentadas y personas transgénero. El objetivo era limitar el acceso de estos grupos a los servicios para personas sin hogar, forzando a las comunidades y a los beneficiarios de subvenciones a cumplir con órdenes ejecutivas específicas. La agencia también busca derogar las protecciones de la norma de Acceso Igualitario que ayudan a las personas transgénero y con identidades de género diversas a acceder a los servicios para personas sin hogar. Anteriormente había anunciado que dejaría de aplicar dicha norma.

Al ser consultados en la encuesta de la Alianza, el 81 por ciento de los CoC y proveedores de servicios asumió que implementar estos cambios implicaría “cierto nivel de dificultad”. La respuesta más común añadía que estos cambios serían “extremadamente difíciles” de llevar a cabo.

Dicho esto, es poco probable que exigir estos cambios contribuya al objetivo de reducir y acabar con la falta de vivienda. Los líderes de los CoC, que cuentan con una perspectiva comunitaria o regional, predijeron en gran medida (83 por ciento) que los grupos afectados pasarían más tiempo sin hogar. Sin embargo, una pequeña proporción (24 por ciento) consideró que los fondos estatales o locales podrían aportar suficientes recursos para atender a estos grupos.

Por último, si uno de los objetivos de la administración es obligar a las personas a cambiar quiénes son o cómo viven, los proveedores de servicios que trabajan de cerca con los clientes consideran que este enfoque no funcionará. Por ejemplo, tan solo el 8 por ciento predijo que los clientes transgénero se adaptarían a las normas de género para poder recibir ayuda.

Resumen y Conclusión

Las enormes interrupciones en la política y la financiación federal están socavando el objetivo central del sistema de respuesta a la falta de vivienda: ayudar a las personas a recuperar una vivienda. Aproximadamente cuatro de cada cinco líderes de CoC y proveedores de servicios tienen dificultades para atender a las personas sin hogar debido a estos cambios de política. Un número aún mayor de líderes de CoC considera difícil planificar las necesidades a largo plazo de servicios para personas sin hogar en sus comunidades. Un proveedor resumió esta preocupación diciendo: “La incertidumbre en múltiples programas federales de vivienda, falta de hogar, salud y desarrollo comunitario dificulta evaluar la viabilidad financiera a largo plazo de la vivienda existente y de los proyectos de desarrollo planificados.”

Los recortes de financiación y las políticas de HUD no son los únicos cambios que están poniendo a prueba los esfuerzos por acabar con la falta de vivienda. El aumento de las políticas de criminalización estatales y locales está desplazando a las personas, dificultando que los proveedores de servicios las localicen y las conecten con vivienda y servicios. Al mismo tiempo, los proveedores esperan que los recortes de Medicaid provoquen que las personas pierdan acceso a la atención médica. Estos desafíos supondrán una mayor demanda para que los proveedores atiendan a sus clientes con recursos cada vez más limitados.

El sector de respuesta a la falta de hogar nunca ha contado con recursos adecuados para atender las necesidades de todas las personas sin hogar. El sector sigue decidido a encontrar soluciones, ayudando a cientos de miles de personas a recuperar una vivienda cada año a pesar de las grandes dificultades. Pero las políticas perjudiciales están agravando las carencias de financiación que ya existían desde hace tiempo y podrían llevar a los proveedores al límite. Para acabar con la falta de vivienda, las organizaciones y los proveedores de servicios necesitan que los líderes de todos los niveles de gobierno tomen en serio estos desafíos y respondan con una financiación sólida y respaldo político.